El exgerente general de la empresa Indura, Marcelo Torres, negó la acusación de colusión que pesa en su contra. Esto, luego que el 29 de abril la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara un requerimiento en contra de Indura y Linde, y de tres de sus ejecutivos, por supuestamente haberse coludido en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que habría lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021.

“Nuestro representado tiene la absoluta convicción de no haber participado en el acuerdo colusorio acusado por la FNE, es preciso acceder a las grabaciones que contienen los llamados en que se funda el requerimiento para explicar adecuadamente el contexto de los mismos, todo ello en estricta conformidad con la garantía a un debido proceso, reconocida tanto a nivel legal como constitucional”, consignó el escrito que presentó este lunes la defensa de Marcelo Torres, representado por los abogados Javier Velozo, Pablo Pardo y Paula Vial.

En su presentación, el actual asesor del directorio de la multinacional chilena, filial de la compañía estadounidense Air Products & Chemicals, solicitó la suspensión del proceso para contestar el requerimiento hasta que la FNE dé pleno cumplimiento a lo establecido en su Instructivo Interno para el Desarrollo de Investigaciones. Lo anterior, debido a que a su juicio la Fiscalía Nacional Económica no le ha dado a conocer “los documentos incautados y registros telefónicos interceptados”.

“Esta situación debe ser corregida a la brevedad, toda vez que el incumplimiento de dicha obligación por parte de la FNE, impuesta por su propio instructivo interno, lesiona significativamente el derecho a defensa de esta parte. La acusación contenida en el requerimiento se sustenta fundamentalmente en interpretaciones acerca del contenido de las comunicaciones de distintos llamados telefónicos interceptados, algunos de ellos en los que habría intervenido el señor Torres”, añadió el documento al que tuvo acceso Pulso La Tercera.

Marcelo Torres es el único de los ejecutivos requeridos que arriesga pena de cárcel por la presunta colusión.

En su acusación, la FNE señala que ambas firmas acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado, definiendo no competir entre sí por los clientes que cada una ya abastecía. La supuesta colusión afectó a clientes industriales y medicinales, cubriendo una amplia gama de rubros, tales como metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros. En el origen de este acuerdo y en su implementación dentro de cada empresa, intervinieron los gerentes generales de Indura y Linde, así como otro ejecutivo de Linde.

En su requerimiento, la FNE pide al Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a US$ 31,3 millones ($ 29.841 millones). De este total, US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) corresponden a Indura y US$ 114.392 ($ 109 millones) a su gerente general.

En cuanto a Linde y sus dos ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE pidió al Tribunal, además, que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos respecto de los exejecutivos de Linde cubiertos por dicho programa.

La acusación presentada por la FNE en contra de Indura y Linde relata hechos ocurridos con posterioridad a la última reforma al Decreto Ley N° 211, realizada durante 2016. El cambio al cuerpo legal de libre competencia establece sanciones de cárcel a las personas involucradas en actos de colusión, siendo esta última infracción catalogada como delito. Pero para ello se requiere primero que la FNE logre que su requerimiento sea acogido por el TDLC, y que posteriormente, el misma, presente una querella en contra del exgerente general de Indura, Marcelo Torres, tras lo cual puede entrar en acción el Ministerio Público.

En principio, la FNE ya pidió para Torres una multa del orden de $109 millones -y de US$31,2 millones para Indura-, pero la ley señala que la ejecución de esta conducta es castigada no solo con las sanciones administrativas establecidas en el artículo 26 del DL 211, sino que, de acuerdo con el artículo 62, es posible sancionar además en sede criminal, con las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, esto es, de 3 años y un día a 10 años de presidio.

Además, se aplica la inhabilitación absoluta temporal, en su grado máximo (siete años y un día a diez años), para ejercer el cargo de director o gerente de una sociedad anónima abierta o sujeta a normas especiales, el cargo de director o gerente de empresas del Estado o en las que este tenga participación, y el cargo de director o gerente de una asociación gremial o profesional.