Entre abogados especialistas en Derecho Ambiental se considera que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo público descentralizado que tiene como misión proteger el medioambiente y la salud de las personas, es “la hermana pobre” de los reguladores.

Se trata de un tema preocupante -cuentan conocedores de la entidad-, porque cada vez es mayor la demanda de una ciudadanía empoderada e informada de sus derechos en materia ambiental. Aparecen nuevas leyes, como la normativa de humedales urbanos, de cambio climático, de impuestos verdes y la que exige el uso único de los plásticos.

Bajo ese contexto, el año pasado la propia Superintendencia del Medio Ambiente encomendó un estudio a PwC Consulting, firma que entregó su informe final el 18 de enero pasado, titulado: “Análisis de Dotaciones Institucionales”. Pulso PM accedió al documento a través de una solicitud de Ley de Acceso a la Transparencia y el resultado va en línea con los esfuerzos del regulador por acceder a más recursos frente a la mayor recarga laboral.

El estudio concluyó que “las actividades realizadas en el marco del proyecto entregan, en términos agregados, que la SMA requiere aumentar su dotación en 2,2 veces para enfrentar su demanda proyectada al 2025. Esto significa no sólo responder a los requerimientos futuros, sino que también eliminar la totalidad de los pasivos pendientes al 2025. Lo anterior en base a un escenario conservador”.

El mismo informe consignó que la mayor parte de la dotación adicional requerida -cerca de un 70%- debiese apoyar directamente la labor regional, esto en línea con la demanda esperada.

“El mayor crecimiento apunta al logro de los objetivos estratégicos de incentivar la potestad sancionadora y el incentivo al cumplimiento, donde se evidencia la mayor brecha. No obstante, es importante destacar que todas las áreas de la SMA deben ser fortalecidas, evidenciándose crecimientos relativos similares asociados a los diversos objetivos estratégicos de la institución (crecimientos entre 190% y 240% al 2025)”, añadió.

“Es así como la atención de denuncias debe ser un foco primordial para la institución, al igual que potenciar los procesos de seguimiento, fiscalización y desarrollo organizacional. Asimismo, debe ser fortalecido el despliegue tecnológico y la gestión organizacional, de modo de incrementar la capacidad de respuesta de la SMA”, concluyó.

El estudio detalló que a 2021 la SMA cuenta con 249 funcionarios y recomendó que pase a 544 trabajadores durante 2022. El objetivo final es que al 2025 la Superintendencia del Medio Ambiente cuente con 548 funcionarios, en razón a la fuerte demanda de sus servicios de fiscalización.

En esa misma línea, el 23 de marzo ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto al subsecretario Maximiliano Proaño, destacaron que entre las prioridades legislativas de la cartera está el fortalecer la institucionalidad ambiental a través de mejoras a la SMA.

A partir de este documento, la SMA ha emprendido un trabajo que apunta a destacar su trabajo y conseguir más fondos por parte del Estado, como lo iniciara el propio exsuperintendente del Medio Ambiente Cristóbal De La Maza, quien públicamente dijera que su renuncia no fue voluntaria.

En esa misma línea ha trabajado su sucesor, quien se desempeñaba como abogado de la SMA y luego asumió como fiscal, acumulando más de nueve años en la institución.

Emanuel Ibarra, Superintendente del Medio Ambiente (S) explicó que “la SMA hace muchos años está agilizando al máximo todos sus procesos y actos, porque la realidad a nivel de recursos y de personal es compleja. Por otro lado, el ingreso de denuncias se ha triplicado, y para nosotros es elemental poder dar una respuesta oportuna y eficaz a ello”.

“Sin perjuicio de lo anterior, estamos trabajando con diversas estrategias para incrementar el número de respuestas con procesos de estandarización e inteligencia ambiental, pero es indispensable contar con más recursos. Para eso, tenemos una agenda de trabajo con una ley corta de reforma a la SMA y estamos intentando que exista, efectivamente, un incremento importante de recursos para esta institución”, agregó.

A modo de ejemplo, la Superintendencia elaboró una presentación a raíz de su Cuenta Pública compartida con el Consejo de la Sociedad Civil y en el documento consignó que “para responder a su demanda la SMA requiere aumentar su dotación al 2025 en 2,2 veces, principalmente en regiones”.

El mismo documento consignó que las oficinas centrales deberían aumentar su dotación en 49%y en regiones el incremento debiera ascender al 51%. De hecho, el escenario que da cuenta de la precariedad de recursos de la entidad, es detallado en una tabla elaborada por la misma SMA.

En ella se explica que de las superintendencias que operan a nivel nacional, la SMA ocupa el penúltimo lugar en dotación y gastos operacionales. En efecto, con una dotación de 252 personas, es superada ampliamente por los 862 funcionarios de la Superintendencia de Educación, por ejemplo.

Por otro lado, la SMA cuenta con un gasto de personal de $9.000 millones anuales, mientras en la Superintendencia de Educación dicho ítem llega a $26.000 millones. El presupuesto aprobado para la entidad para 2022 asciende a $13.677 millones.

En la misma línea, la Superintendencia del Medio Ambiente cuenta con 15 vehículos como institución pública, en tanto que la Superintendencia de Educación tiene 55 automóviles públicos.