El 19 de noviembre, poco después del mediodía, el comisario de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, Tomás Silva Luengo, envió un oficio a Albemarle para coordinar una visita inspectiva a sus instalaciones en el Salar de Atacama.

La diligencia forma parte de la investigación liderada por el fiscal Eduardo Peña Martínez, de la Fiscalía Local de Calama, tras dos denuncias que cuestionan el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de Albemarle y SQM en los yacimientos de salmuera del Salar de Atacama, argumentando que las estaciones de monitoreo habrían evidenciado impactos ambientales significativos en las zonas aledañas a los proyectos.

Ante estos antecedentes, el comisario solicitó a Albemarle coordinar una fecha para inspeccionar las áreas afectadas y proporcionar información relevante para la investigación. Entre los documentos requeridos se incluyen informes técnicos de visitas, planos de las zonas afectadas e instalaciones utilizadas por la empresa, fotografías de la flora y fauna impactadas, y actas o acuerdos con comunidades atacameñas. También se destacó la necesidad de recabar antecedentes sobre la extracción de salmuera y la producción de litio para avanzar en las indagaciones.

Tras diversas conversaciones con la Bidema, la inspección a las instalaciones de Albemarle comenzó este miércoles 29 de enero de 2025. El pasado 15 de diciembre de 2024, los funcionarios de la PDI realizaron la misma diligencia a la operación de SQM.

La diligencia se origina en dos denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Regional de Antofagasta: una interpuesta por la diputada Yovana Ahumada (PSC) y otra por un abogado ambientalista cuyo nombre se mantiene en reserva. Ambas fueron ingresadas después de que Albemarle solicitara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en junio de 2024, la revisión de la RCA N° 21/2016, vinculada al proyecto “Modificaciones y mejoramiento del sistema de pozas de evaporación solar en el Salar de Atacama”, y de la RCA N° 226/2006, relacionada con el proyecto “Cambios y mejoras de la operación minera en el Salar de Atacama” de SQM Salar.

La empresa fundamentó su solicitud en un artículo de la Ley 19.300 y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite revisar una resolución cuando las variables evaluadas han cambiado significativamente o no se han verificado, afectando los objetos de protección ambiental.

La diputada Yovana Ahumada explicó a Pulso: “Estoy muy confiada en los procesos y en las acciones que se están tomando en esta investigación, porque creo que es necesario conocer el impacto real. Entiendo que efectivamente existe, ya que no solo es Albemarle quien ha levantado alertas —razón por la cual presenté esta denuncia— sino que además hay investigaciones que han demostrado hundimientos en el salar, la desaparición de napas subterráneas y afectaciones que las comunidades locales han constatado”.

Por ello, continuó, “considero fundamentales los avances en esta materia y confío en que se realizará un buen trabajo para determinar el impacto real y tomar las medidas pertinentes. El salar es un ecosistema vivo, y cualquier intervención genera consecuencias. La idea es que estas sean mínimas y se ajusten estrictamente a las autorizaciones otorgadas. Además, se sabe que el salar no puede tener más de dos actores, por lo que no debería sumarse otro interventor”.

Desde Albemarle declinaron hacer comentarios sobre este artículo. La compañía es asesorada en materia penal por el abogado Cristián Muga, socio de Ortiz y Cia.

Por su parte, SQM sostuvo a Pulso: “No corresponde pronunciarnos sobre procesos judiciales en desarrollo. Sin embargo, es importante destacar que no existen antecedentes que evidencien daño o afectación a los ecosistemas circundantes al núcleo del Salar de Atacama derivados del bombeo de salmuera. Nuestras actividades de extracción se realizan en estricto cumplimiento de los permisos ambientales que autorizan su operación”.

Añadieron que la tendencia de extracción de salmuera y agua ha disminuido en los últimos años, en línea con el compromiso voluntario de la compañía de reducir en un 50% los volúmenes de extracción de estos recursos. En este marco, SQM presentó el proyecto Plan de reducción de extracciones en el Salar de Atacama, actualmente en tramitación ambiental.

“SQM Salar cuenta con un robusto sistema de monitoreo de variables ambientales —disponible en línea para toda la comunidad— que permite analizar el comportamiento histórico y actuar oportunamente ante cualquier alerta. En virtud de estos estudios, no existen antecedentes que sustenten la denuncia penal”, afirmaron.

También aseguraron que han mantenido una política de transparencia, publicando la información de seguimiento ambiental en su página web y colaborando con las autoridades en los requerimientos de información.

“A partir de 2020, como parte de nuestra política de sostenibilidad, iniciamos la reducción voluntaria de extracción de agua y salmuera en la faena del Salar de Atacama”, agregaron.

Este compromiso ambiental está siendo evaluado en el proyecto plan de reducción de extracciones en el Salar de Atacama, con el objetivo de hacerlo vinculante. Dicho plan contempla una reducción inmediata del 50% en la extracción de agua industrial y una reducción escalonada de la extracción de salmuera para alcanzar el mismo porcentaje en 2028.