La amplia puerta de vidrio del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el piso 20 de Miraflores 222, tiene en este momento una serie de carteles pegados con mensajes como “A mí, las personas sí me importan” y “Un entorno laboral seguro es un derecho”, junto a un listado de conductas que serán delitos bajo la Ley Karin. Este miércoles, la asociación de funcionarios de la repartición realizará manifestaciones.

El pasado 20 de marzo cinco trabajadores del SEA denunciaron al abogado y jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Juan Cristóbal Moscoso, por “maltrato laboral, persecución y hostigamiento”. Los evaluadores ambientales Camila Sepúlveda, Lu Contreras, Diego Trecaman, Gonzalo Jiménez y Camila Ramírez buscaron exponer esos comportamientos dentro del organismo clave en la tramitación de proyectos de inversión. El SEA es liderado por la abogada Valentina Durán, nombrada bajo la administración del Presidente Boric.

Esa denuncia fue la primera muestra del malestar de los trabajadores del servicio. Posteriormente, el 28 de mayo, una de las jefas del departamento en que se desempeña Moscoso, la geógrafa de la Universidad de Chile Jimena Hevia, presentó una demanda de tutela laboral contra el SEA y exigió una indemnización de $107 millones, alegando “maltrato sistemático” y un “ambiente laboral tóxico”. Su acción es similar a la denuncia interna presentada por los evaluadores ambientales, quienes acusaron a Moscoso de imponer una “cultura laboral basada en el abuso”.

Ocho días después de la denuncia inicial, la directora de la entidad, Valentina Durán, envió un correo masivo a los funcionarios confirmando la recepción de la misma y asegurando que se estaba canalizando por la vía institucional correspondiente. Actualmente la investigación está a cargo de dos fiscales externos para garantizar imparcialidad: la denuncia de los cinco evaluadores está a cargo del director del Sernageomin, Patricio Aguilera, y la denuncia de Hevia está siendo investigada por la directora de Inapi, Loreto Bresky.

“Hago un llamado urgente a todos los funcionarios y funcionarias, sin excepción, a permitir que esta situación se canalice mediante el procedimiento formal, destinado a cuidar la dignidad y los derechos que funcionarios/as denunciantes, así como de funcionarios/as denunciados, testigos y otras personas eventualmente mencionadas y expuestas, con apego estricto al código de ética y a la normativa que nos rige”, escribió Durán en su correo.

Juan Cristóbal Moscoso, el acusado, declinó responder consultas de Pulso La Tercera. La única vez que se refirió a las denuncias en su contra ocurrió el 22 de abril cuando, en el marco de la Tercera Reunión del Acuerdo de Escazú en la CEPAL, dijo en su discurso: “Mis puertas siempre han estado abiertas y siempre estoy disponible para la comunicación. Tenemos los canales abiertos del Departamento de Asistencia de la Evaluación, que es el conducto regular para canalizar adecuadamente las inquietudes y exigencias. Para mí, el tema del clima laboral es fundamental. Muchas de las situaciones actuales, al menos para nosotros en la división ambiental y ciudadana, podrían haberse resuelto con un buen diálogo y sentándose a la mesa. Nadie me ha arrojado la puerta, nadie me ha escrito una carta, y no he tenido la oportunidad de responder”.

“Estoy agradecido de que se respete el conducto regular, y en esa instancia defenderé mi posición y demostraré mi inocencia, respetando todos los principios de imparcialidad y deferencia que deben existir en un procedimiento. Pido que, si alguien tiene alguna duda o quiere conversar sobre algo, me pregunte directamente. Los rumores perjudican al servicio y dañan la cultura de comunicación. Los canales siguen abiertos y el clima laboral es fundamental. Cuando era director en CNTE, establecí el indicador de clima laboral como una exigencia porque creo que es importante. Los invito a seguir trabajando en un ambiente colaborativo. Las puertas siempre estarán abiertas para el diálogo transversal y directo”.

El SEA explicó a Pulso La Tercera que “existen dos investigaciones sumarias en curso, que están en pleno proceso, las que están a cargo de fiscales de otras instituciones públicas, con el objeto de dar garantía a todas las partes involucradas y cuyos resultados esperamos tener pronto. Como Servicio no aceptamos, ni avalamos comportamientos que afecten la dignidad de las personas. El compromiso y obligación de la dirección del Servicio es cuidar a todos los funcionarios y funcionarias, promoviendo una cultura organizacional de pleno respeto a la dignidad y buen trato de las personas, y cumplir estrictamente los procedimientos que nos regulan para abordar situaciones tan serias y delicadas como ésta”.

En tanto, desde Inapi señalaron que el estado del sumario reviste carácter de reservado conforme al Estatuto Administrativo. Por lo tanto, la directora de esa entidad, en calidad de fiscal del caso, no puede emitir declaraciones.

El 3 de mayo, la directora del SEA respondió una solicitud de transparencia presentada por Luis Carrillo, dirigente de ANFUSEA, sobre la cantidad de renuncias, licencias médicas y casos derivados a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) desde 2022. En la carta, detalló que entre 2020 y abril de 2024 hubo un 161 renuncias, desglosadas en 103 mujeres y 58 hombres. En el mismo período, se registraron 1.489 licencias médicas, con 416 correspondientes a mujeres y 1073 a hombres. Además, informó 48 casos derivados a la ACHS desde 2022 hasta abril de 2024, siendo 36 de mujeres y 12 de hombres. La carta aclara que los datos incluyen a funcionarios bajo diferentes modalidades de contratación y excluyen aquellos con nombramientos de Alta Dirección Pública.

Los seis denunciantes declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.