Las cartas ya están jugadas. Los senadores de la Comisión de Trabajo este miércoles despacharon el proyecto que reemplaza el Pilar Solidario por una Pensión Garantizada Universal (PGU), por lo que ahora es el turno de que voten los senadores de la Comisión de Hacienda antes de que la iniciativa pase a la sala.

Y el cronograma ya está armado. La senadora Ximena Rincón (DC) comunicó que entre jueves y viernes debería quedar despachado el proyecto de PGU y financiamiento, para que así los senadores puedan votar en sala ambas iniciativas el lunes.

Luego faltaría la votación en sala de la Cámara de Diputados, para lo cual los diputados fueron convocados para el miércoles de la próxima semana, “y el principio de acuerdo que tenemos es que lo que aquí (en el Senado) hagamos, se aprobaría allá, para evitar la mixta”, detalló Rincón.

En ese caso, el proyecto se despacharía del Congreso el próximo miércoles, cumpliendo con el cronograma que tenía presupuestado el gobierno para que los beneficios puedan empezar a pagarse desde la tercera semana de febrero.

Con todo, el proyecto de PGU se aprobó con los cambios que introdujo el Ejecutivo esta semana según lo que había solicitado la oposición. La presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carolina Goic (DC), destacó que se amplió la cobertura de pensiones de invalidez desde 60% al 80%, y los niños con discapacidad severa podrán aumentar el subsidio que recibían.

“Creo que esta es una gran noticia, porque, por ejemplo, la ley larga de pensiones jamás pudo salir de la Comisión de Trabajo, entonces el que avance ahora y pueda seguir el proyecto es una cosa muy buena y que nos permite pensar que podemos despacharlo en los tiempos que queremos”, comentó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en radio Duna.

Este miércoles los senadores de la Comisión de Hacienda terminaron de escuchar las audiencias programadas, donde expuso el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza; y el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Desormeaux.

Pero las dudas de los senadores de oposición persisten. Y así lo manifestaron a Barraza, como por ejemplo, sobre lo que se propone en el IVA a los servicios y la tributación en excedentes de libre disposición.

Las mayores dudas vinieron luego de la presentación del CFA. Cabe recordar que 0,67 puntos del PIB del costo total del proyecto son financiados mediante modificaciones tributarias, pero los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) manifestaron aprensiones respecto al financiamiento restante que propone el gobierno, donde 0,31 puntos del PIB son cubiertos con provisiones de gasto que estaban contempladas para la ley corta y larga de pensiones.

En esa línea, Montes dijo que le preocupa ese punto, porque “las provisiones no están explícitamente planteadas cuáles, en qué condiciones (...) Y esto tanto en el corto plazo, como posteriormente, cómo se financia ese diferencial”.

Sobre ello, Desormeaux respondió que “las dudas que tenemos respecto a ese financiamiento son básicamente, primero, por su horizonte. Un horizonte de muy corto plazo, 2022 al 2026, esa es la preocupación principal. También hay una preocupación por el hecho de que no tenemos mucha claridad, mucha transparencia respecto de esa provisión, y eso sería algo deseable. Pero ese es un financiamiento que es válido, y es parte de nuestro listado de ingresos permanentes a considerar, las reasignaciones son parte de ello”.

El senador Lagos Weber dijo que “hoy el beneficio está financiado para los próximos cuatro o cinco años (...) La discusión que tenemos con el gobierno es sobre el financiamiento a largo plazo de este proyecto, y hasta ahora hemos tenido una diferencia, que el gobierno se allanó a trabajarla, y para ser justo, hasta ahora ellos han mejorado sustantivamente los ingresos permanentes para financiar este proyecto”.

El senador PPD agregó que “aún no tenemos un acuerdo, porque queda más de un tercio del financiamiento requerido sin ser acordado. Con todo, estoy optimista que podamos avanzaren el proyecto de financiamiento y no tengo dudas de que vamos a aprobar de todas maneras el proyecto que establece el beneficio”.

El ministro Cerda declaró en Duna que el gobierno cree que el proyecto se encuentra bien financiado, sin embargo, dijo que, si tienen que conversar y hacer cambios para llegar a acuerdos, los van a hacer.

Montes dijo que “para nosotros como parlamentarios, la estimación del costo del proyecto es un acto de fe, porque no tenemos los antecedentes para decir que está bien calculado, ni conocemos los supuestos a partir de los cuales se construye, y por lo tanto, hacemos fe, y lo hemos hecho en muchos proyectos, y en general la fe se nos va acabando, porque la vida ha demostrado que en muchas ocasiones no se cumplió lo previsto, pero es así. Y también, la estimación de la recaudación, que es la segunda cosa, nosotros también hacemos fe en la estimación”.

En su presentación, Desormeaux señaló que luego de los ajustes hechos en la Comisión de Trabajo del Senado, el gasto fiscal de la iniciativa ahora sube desde 0,96% del PIB a 0,98% del PIB en régimen (2050).

Allí reiteró algunas de las recomendaciones que ha hecho anteriormente. “El consejo sugiere buscar fórmulas legislativas para que la entrada en vigencia de las medidas que aumenta los beneficios en pensiones, coincida temporalmente con la implementación de estos cambios tributarios”, comentó el presidente del CFA.

También dijo que “es conveniente extender el periodo de proyección fiscal del gasto en pensiones desde 30 a 50 años”. Así como “plantear escenarios alternativos de las proyecciones de largo plazo, considerando diferentes supuestos de indexación de los beneficios y análisis de incertidumbre”.

En el marco de mayores obligaciones en materia previsional, Desormeaux dijo que “es necesario contar con estudio actuarial actualizado, que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP)”.

La consejera del CFA, Paula Benavides, señaló que los gastos que deben ser financiados por el FRP a largo plazo son mayores con esta iniciativa, por lo que planteó que es un antecedente importante realizar este estudio actuarial.

La PGU corresponde a una transferencia mensual, de cargo fiscal y no contributiva, de hasta $185.000 para personas mayores de 65 años y que se encuentren en el 80% de menos recursos, y que cuenten con una pensión base igual o menor a $630.000 mensuales. Para las personas que cuenten con una pensión base superior a los $630.000 y de hasta $1.000.000, el monto del aporte el beneficio irá disminuyendo.