Consejo Consultivo Previsional sugiere revisar el número de beneficiarios totales de PGU estimado para 2023 y el gasto fiscal asociado

La sala de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que impulsa al gobierno y que busca aumentar la cantidad de personas que puede acceder al beneficio de la Pensión Garantizada Universal (PGU), despachando el proyecto al Senado.

Y si bien los diputados no alcanzaron a leer el informe del Consejo Consultivo Previsional antes de despachar la iniciativa, los senadores sí podrán. Esto, debido a que el Consejo ya finalizó el documento que analiza los efectos del proyecto. Ahí el organismo parte explicando que fue el 15 de diciembre cuando recibieron una carta del gobierno para que analicen el proyecto y “el Consejo requirió la información pertinente tanto a la Dipres como al IPS, la que fue recibida con fecha 23 y 29 de diciembre, respectivamente”.

En esa línea, agrega que “sin perjuicio de lo anterior, y sin conocimiento de este Consejo, el proyecto de ley fue presentado al Congreso con fecha 29 de diciembre recién pasado. Más aun, cabe señalar que el texto legal que se propone para su debate legislativo contiene una disposición transitoria que no estaba contemplada en el texto preliminar que nos fuera enviado en su oportunidad”.

De todas formas el Consejo hizo el análisis respecto al texto final que fue ingresado al Congreso. Ahí, en el apartado de las conclusiones, sugiere “revisar el número de total de beneficiarios estimado para el 2023 y el gasto fiscal asociado. En efecto, el escenario base de Dipres, sin reforma, supone un total de beneficiarios PGU en 2023 de 2.339.717. Esto significa que, sin cambiar el umbral, existirían 429.840 beneficiarios adicionales respecto de noviembre de 2022 (1.909.877)”.

Pero a continuación dice que “considerando que el número de concesiones de noviembre y diciembre se ubicó en torno a 35 mil mensuales en promedio, se proyectarían cerca de 400 mil beneficiarios adicionales durante este año, sin cambios de cobertura, es decir en el escenario base. Lo anterior, muestra que la estimación de beneficiarios para 2023 es elevada a la luz de las cifras de cobertura con que cierra el año 2022 y del aumento de cobertura registrado en los últimos 12 meses, pero en un contexto de fuerte ampliación cobertura (362.104 nuevos beneficiarios)”.

Ahí agregan que “de acuerdo con las proyecciones poblacionales de CELADE, en 2023 el aumento de la población de personas de 65 años o más sería de 98 mil personas. Por lo tanto, un aumento de cobertura cercano a 400 mil, sin cambios paramétricos, se aleja de forma relevante de los determinantes poblacionales”.

Además, el Consejo Consultivo Previsional ve difícil que se logre llegar a los 70 mil beneficiarios adicionales que se incorporarían con la ley corta. En esa línea, explican que solicitaron al IPS una estimación respecto a cómo los rechazos de solicitudes de PGU que se han registrado hasta ahora habrían cambiado si se hubiera utilizado el criterio de focalización planteado por este proyecto de ley.

“Para las solicitudes realizadas entre agosto y noviembre de 2022, el número de rechazos de la PGU se reduciría, pasando de 46.213 a 22.027 personas con rechazo por causal de focalización (causal exclusiva), los que con el nuevo proyecto de ley entrarían automáticamente a la PGU”, dice el informe.

Es por esto que el Consejo afirma que “este ejercicio, nos permite concluir que los potenciales nuevos beneficiarios directos están bastante por debajo de la estimación de 70 mil beneficiarios adicionales. Lo anterior plantea el desafío de reforzar los mecanismos de difusión del beneficio, de tal forma de llegar a aquellas personas que cumplen las condiciones para recibir la PGU, y que, no obstante, no han postulado al beneficio”.

Asimismo, el Consejo cuenta que la Dipres les dio información de escenarios alternativos de beneficiarios PGU, “a partir de estimaciones de población calibradas para ajustarse de mejor forma a las proyecciones de CELADE. Dichos escenarios muestran que las proyecciones de beneficiarios PGU se reducirían fuertemente al contemplar un universo de población ajustado. Al comparar las distintas proyecciones se muestra que no existen diferencias sustantivas en la estimación de beneficiarios adicionales producto del proyecto, entre ambos escenarios. Sin embargo, el número de beneficiarios totales difiere en forma significativa entre escenarios, disminuyendo fuertemente en un escenario con población ajustada más en línea con las proyecciones poblacionales de CELADE”.

Al respecto, mencionan que ello “muestra la relevancia de contar con escenarios alternativos y definir los escenarios centrales de las estimaciones en función de los supuestos más realistas posibles”.

Asimismo, dice que “el impacto del proyecto sobre el gasto fiscal no muestra diferencias sustantivas en términos del gasto adicional para los dos escenarios analizados, pero sí existen diferencias respecto del gasto total proyectado, el que resulta inferior en el escenario con población ajustada al haber un menor número de beneficiarios. Así, el primer año -con el proyecto convertido en ley según estimaciones de nuevos beneficiarios conforme a datos de Dipres- alcanzaría, en pesos de 2022, los $5.637.813 millones y para el caso de proyecciones de población ajustadas sería de $5.539.207 millones. Y al año 2040 el gasto fiscal sería de $10.118.907 millones y con datos ajustados a CELADE alcanzaría los $ 9.327.976 millones″.