Dominga: El proyecto queda vivo, pero tambaleando

A seis meses desde que la causa quedó en acuerdo, la Corte Suprema entregó hoy su veredicto en el caso de Minera Dominga. La sentencia -con cuatro votos a favor y uno en contra- fue valorada de lado y lado, tanto opositores como la empresa que desarrolla la iniciativa, Andes Iron.

En resumen, el fallo de 183 páginas toma dos determinaciones claves. La primera es que despeja las dudas sobre la fase final del proceso de evaluación, es decir, los rechazos que en 2017 dieron el Consejo de Evaluación Regional de Coquimbo y el Comité de Ministros, que entonces presidía el exministro de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena.

Ambas actuaciones, a juicio del máximo tribunal, estuvieron dentro de la legalidad.

Este punto fue un duro golpe a las aspiraciones de Andes Iron, pues la arbitrariedad que acusaba respecto de ambas votaciones constituía el punto central de su estrategia judicial. Así lo expresó la defensa de la firma en marzo, en los alegatos ante la Corte Suprema, cuando acusó que "el proyecto Dominga no fue evaluado jurídicamente, con una mirada objetiva, sino su rechazo se debió a una decisión de mero orden político pequeño del momento".

Esto, en relación con el caso Penta, empresa en la que uno de sus dueños, la familia Délano, está ligado a Dominga.

El segundo punto clave es que la Suprema devolvió el caso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, que había revertido el rechazo al proyecto, para que se refiera ahora sobre el fondo, es decir, los aspectos técnicos.

Es este punto el que abre una luz de esperanza para la compañía, aseguran cercanos a la defensa. La visión que tienen es que los aspectos técnicos ya fueron revisados favorablemente para sus intereses, dado que la única revisión consolidada que existe es la hecha por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que en 2017 recomendó a los servicios públicos visar el proyecto.

"El Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país", dijo el presidente ejecutivo de la compañía minera Andes Iron, Iván Garrido.

Ello, creen en Andes Iron, sienta un precedente favorable para su aprobación.

Pero los opositores al proyecto tienen una percepción totalmente distinta. Además de celebrar un fallo que, creen, pone la lápida a la iniciativa, destacaron que si la revisión del Tribunal Ambiental se centra en aspectos técnicos deberá considerar diversos informes de organismos públicos que, contrario a lo que decidió el SEA, sí acusaban falencias.

"Ahora, el Tribunal Ambiental tendrá que ver los temas de fondo, que son la deficiencia en línea de base y donde prácticamente todos los científicos relevantes del país han señalado que es insuficiente", planteó Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la ONG Oceana.

Quien presidió la sesión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto -y que abrió una crisis que terminó con la renuncia de los ministros de Economía y Hacienda, Luis Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés- fue el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena.

Del fallo conocido hoy, Mena destacó el hecho de que se descartaran irregularidades en la fase final de la evaluación. Además, dijo que si la justicia ambiental se mete al fondo del caso, existen informes que complican bastante la situación judicial de Dominga.

"La Corte Suprema clarificó que procedimentalmente no hubo vicio en los rechazos que se llevaron a cabo a nivel regional y en el Comité de Ministros. La corte obliga al Tribunal Ambiental a fallar el fondo, es decir, deberá observar los informes del Servicio Nacional de Pesca, el SAG, Conaf, el Shoa y los ministerios del Medio Ambiente, Salud, Agricultura y Desarrollo Social, que son lapidarios respecto de las falencias de línea base que motivaron su rechazo", comentó Mena.

Ezio Costa, director ejecutivo ONG Fima, plantea otro punto relevante, que es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta renovó varios de sus miembros, por lo que se espera una visión distinta sobre la iniciativa.

"Este fallo tiene una serie de consideraciones muy notables sobre también la falta de cuidado por parte del Tribunal Ambiental en revisar las cuestiones de fondo y habiendo hecho solamente un análisis de forma que era evidentemente poco profundo. Es muy bueno que el juicio vuelva al Tribunal Ambiental con nuevos miembros y ahí que se resuelva como corresponde", comentó.

En tanto, dos expertos ambientales alertaron que el fallo abre más incertidumbre a un proyecto que ya lleva seis años en evaluación ambiental.

"Es complejo que el proyecto se pueda desarrollar, ya que vuelve a la etapa del pronunciamiento del tribunal donde estará por lo menos un año más y, además, que el tribunal necesariamente va a tener que pronunciarse respecto del fondo y luego vendrán recursos posteriores, entonces lo pone muy cuesta arriba", advirtió el exsubsecretario del Medio Ambiente, Jorge Canals.

"No es un buen fallo para el país. Primero, porque no accedió a lo principal, es decir, que se mantenga el rechazo del proyecto, perpetuando la incertidumbre. Y segundo, porque desatiende las consideraciones ambientales que esgrimió tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros para rechazarlo", agregó el exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente, Jorge Cash.