Estudio: más de la mitad de los jefes de núcleos familiares de clase media que están en isapres incurrirían en mayor gasto de cobertura con reforma de salud

Es esperable “que una reforma como la propuesta por el gobierno encuentre un problema de economía política importante mientras no logre garantizar, al menos para los afiliados a isapre que pueden identificarse como clase media, que se mantendrán los estándares de calidad y oportunidad que el sistema privado ha logrado establecer”.

Eso concluye un estudio realizado por los investigadores del OCEC UDP, José Acuña y Andrés Hernando, donde analizan cómo la reforma a la salud afectaría a los usuarios de isapre de la clase media. Ahí explican que Fonasa atiende al 76% de la población, y el sistema privado de isapres cubre a un 15%. El restante 9% se atiende con el seguro de las FFAA y otros seguros.

En el documento titulado “Reforma de salud y sus implicancias en la clase media”, afirman que “coexisten en Chile dos sistemas de previsión de salud profundamente distintos entre sí tanto en su lógica de funcionamiento como en sus resultados. La desigualdad que esto conlleva ha llevado a distintas propuestas de reforma que incluyen la idea de un plan de salud estandarizado (Paolucci y Velasco, 2017), a un plan universal de salud sumado a una reforma integral de Fonasa (Benítez y Velasco, 2020), y a la unificación del sistema en un único asegurador público, como es el caso de la propuesta en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric”.

Para contextualizar, detallan que cerca del 50% de los usuarios del sistema de Fonasa “están concentrados principalmente en los segmentos de menores ingresos (quintiles I y II)”. En cambio, “cerca del 60% de los usuarios de isapres se concentran en el quintil de mayores ingresos”.

En esa línea, plantean que “dado que el sistema de previsión privado atiende desproporcionadamente más a personas de mayores ingresos, se ha sugerido que estos podrían subsanar una caída (supuestamente transitoria) en la calidad de sus atenciones contratando seguros privados que complementen el seguro provisto por el asegurador único estatal. Es por esto por lo que resulta relevante caracterizar al usuario de isapre para entender si, efectivamente, se trata de un grupo tanto más privilegiado que los usuarios del grupo D de Fonasa y, por lo tanto, resulta atendible esta sugerencia. Este documento se concentra en esta caracterización y en el potencial impacto que tendría en los beneficiarios de isapre la implementación de las reformas sugeridas”.

Bajo este escenario, muestran que en 2017 el 56% del total de usuarios de Fonasa era de la clase media, “cifra que se mantiene en niveles similares para 2020 (55,1%, más de 8 millones de personas)”. En paralelo, tanto en 2017 como en 2020, cerca del 70% de los usuarios de isapre eran de clase media.

“Este resultado es particularmente relevante para el caso de los usuarios de isapre que son clase media, en el sentido de que esta cifra representa para 2020 a aproximadamente 2.104.901 personas a las que la reforma de salud estaría afectando directamente, dado que actualmente estas personas con su 7% de cotización acceden al plan que ellas escogieron y, en caso de pasar al nuevo sistema y querer igualar las coberturas actuales (al menos temporalmente), tendrían, como ha reconocido la autoridad, que complementar su cotización con un desembolso adicional que sufragaría la adquisición de un seguro complementario”, dice el estudio.

Al respecto, explican que en base a datos de la Casen 2020, “dentro del segmento de jefes de núcleo que son clase media y se atienden en isapre, el 55,7% declararon no tener seguro complementario de salud, por lo que, al aplicarse la reforma de salud, incurrirían en un mayor gasto de cobertura”. Asimismo, aclaran que “eventualmente quienes ya cuentan con un seguro complementario también podrían tener que desembolsar un mayor monto para obtener las mismas prestaciones que en la actualidad”.

Así las cosas, concluyen que “si bien es cierto que los usuarios de Fonasa e isapre exhiben importantes diferencias en sus características, existe una considerable intersección entre ellos en términos de lo que podemos identificar como clase media. Esto implica que cualquier tipo de política que busque reducir la desigualdad entre los beneficiarios del sistema privado de seguros y los afiliados al sistema del fondo público enfrentará una crítica atendible de parte de quiénes, razonablemente no son muy distintos a afiliados del sistema público y verán caer de forma significativa el estándar de calidad de la atención a la que acceden o, alternativamente, verán aumentar de manera importante el costo de sostener dicho estándar”.

El documento reconoce que “la previsión de salud en Chile no está exenta de problemas” y que “ninguno de los principales sistemas (público y privado) está libre de críticas, muchas de las cuales resultan muy válidas”. Y por eso mismo señalan que existe “la necesidad de una reforma al sector que permita elevar los estándares de atención en el sector público y proteger a los usuarios del sistema privado de la tensión financiera que significa su sistema. Con todo, es dudoso que un sistema de fondo único basado en una universalización del sistema público actual sea no solo viable políticamente sino también, la solución que la situación demanda”.