El proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) está en una semana clave. Este martes los senadores de la Comisión de Hacienda empezaron a ver la iniciativa que mediante la reducción o eliminación de exenciones financia la PGU, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, acudió a presentar los cambios que proponen para incorporar un mayor financiamiento al proyecto, luego del acuerdo al que llegó el gobierno con la oposición.

Allí, Cerda detalló que hay seis nuevas propuestas. En primer lugar, se elimina el crédito por inversiones en activo fijo del artículo 33 bis LIR respecto de las grandes empresas, lo que recaudaría 0,01% del PIB en régimen.

En segundo lugar, se homologa el tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros a su tratamiento financiero contable, reconociendo su realidad económica de financiamiento, que recaudaría 0,1% del PIB.

Como tercer punto, anunció que se elimina el tratamiento tributario especial de los excedentes de libre disposición, lo que contempla una recaudación de 0,01% del PIB en régimen.

En cuarto lugar, se aumenta la tasa marginal de la sobretasa de impuesto territorial para el tramo más alto, de 0,275% a 0,425%; lo que recaudaría 0,04% del PIB.

El quinto punto se relaciona con que se crea un nuevo impuesto a bienes de lujo, adicional al permiso de circulación o equivalente, de tasa 2% a la propiedad de helicópteros, aviones, yates y automóviles (estos últimos de un valor de tasación fiscal igual o superior a $40 millones), lo que busca recaudar 0,05% del PIB.

Por último, se moderniza el sistema de concesiones mineras (patentes de exploración y explotación), lo que recaudaría 0,11% del PIB.

El proyecto de PGU tiene un costo total de 0,95% del PIB, y estas modificaciones más las exenciones consideradas anteriormente financiarían 0,67 puntos. Anteriormente, el gobierno tenía contemplado financiar 0,35 puntos del PIB mediante exenciones.

El ministro de Hacienda también anunció una modificación en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Cerda dijo que el Mepco se ha ocupado bastante en el último tiempo, pero la ley del Mepco establece que cuando en el último año calendario el costo de ocupar el Mepco llegue a un equivalente de US$500 millones, dejará de operar.

“Eso significa que si eso ocurriera, y estamos cerca de llegar a esos US$500 millones, lo que tendría que ocurrir es que se acaba el subsidio Mepco y habría un salto adicional en los precios de la gasolina”, dijo Cerda. Y detalló que sus proyecciones hablan de que este techo se podría alcanzar tan pronto como en marzo de mantenerse los actuales niveles de precios de combustibles en el exterior.

Así, propusieron una modificación al techo máximo de subsidio desde la entrada en vigencia del Mepco hasta la fecha, pasando de US$500 millones a US$750 millones.

Sobre el nuevo impuesto a bienes de lujo, Hacienda detalló que se incorpora al sistema tributario un impuesto anual a beneficio fiscal de tasa 2,0% sobre el valor de tasación fiscal o valor de mercado, según corresponda, que se paga de manera adicional al pago de permisos de circulación o equivalente, por la propiedad de los siguientes vehículos de lujo: helicópteros de uso privado, aviones de uso privado, yates, automóviles con valor de tasación mayor a $40 millones.

Asimismo, no se afectarán con el impuesto los bienes de propiedad de una empresa que desarrolle actividades productivas (de los números 1°, 3°, 4° y 5° del artículo 20 de la LIR).

Además, el impuesto se devenga anualmente al 1° de enero, considerando los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre del año anterior, y se paga durante el mes de abril.

Por otro lado, actualmente los excedentes de libre disposición gozan de una exención tributaria hasta ciertos topes, pero el gobierno propone eliminar este tratamiento tributario especial, de manera que tributarán con Impuesto Global Complementario conforme a las reglas generales de la LIR.

En cuanto al aumento de sobretasa del impuesto territorial, la idea es elevar la tasa marginal que aplica para el tramo superior de avalúos fiscales, de donde proviene la mayor recaudación. Esto aplicaría para el tramo 3, de más de $900 millones, donde se aumentaría de 0,275% a 0,425%.

Hacienda detalló que lo anterior afectaría a cerca de 18 mil contribuyentes, y la entrada en vigencia se contempla para el 1 de enero de 2023.

Respecto a los contratos de leasing financiero, el tratamiento tributario que tiene difiere de su tratamiento financiero, por lo que la idea del Ejecutivo es terminar con esta divergencia y que el tratamiento tributario del leasing sea equivalente a su tratamiento financiero contable, reconociendo la realidad económica de la operación. El nuevo tratamiento operaría para los contratos celebrados a contar del 1 de enero de 2023.

Sobre la eliminación parcial del crédito por inversiones en activo fijo, la idea es suprimirlo para contribuyentes con promedio de ventas anuales que superen las UF 100.000, con entrada en vigencia el 1 de enero de 2023.

Sobre este punto, Cerda explicó que se trata de de empresas que tienen la capacidad de invertir, por lo que pueden adquirir activos fijos, y una vez que adquieren sus maquinarias, pueden disminuir del pago de impuestos entre un 6% y 4% del valor de esos activos, con tope de hasta UTM 500, pero lo que cree el gobierno, es que existen otros instrumentos que permiten incentivar la inversión.

Respecto a la modernización de concesiones mineras, la presentación del gobierno especifica que en Chile las concesiones mineras están bajo un régimen de amparo por patentes, y el derecho a explorar y/o explotar se otorga en base a un pago anual. Así, existen dos tipos de concesiones mineras, de exploración y explotación.

Allí se propone aumentar el plazo de duración de la patente de exploración a 4 años, pero eliminando la posibilidad de renovación. Adicionalmente, se aumentaría el monto de la patente de 1/50 UTM por hectárea a 3/50 UTM por hectárea.

Con respecto a la patente de explotación, se mantiene la duración indefinida. El valor de las patentes ya otorgadas se mantiene solo para aquellas patentes que demuestren trabajo, pero se aumenta el valor de la patente no metálica al nivel de la metálica (1/10 UTM).

Con respecto a los valores de las patentes de explotación, se crea una escala progresiva de acuerdo con el transcurso de los años para concesiones que no demuestren trabajos (sin distinción metálica/no metálica).

La modificación consiste en establecer que las sumas recaudadas que excedan de US$80 millones, irán al Tesoro Público. La recaudación actual está entre US$50 y US$ 55 millones.

Además, el gobierno detalló que esto busca corregir aspectos como limitar las acciones posesorias, permitiéndolas solo donde se acredite constitución de servidumbre minera y/u otro derecho real; establecer la exigencia de la entrega de información geológica; y eliminar exigencia de mantener hitos en terreno.