El grupo empresarial Santa Cruz, con presencia en los sectores inmobiliario, de alimentos y comercio, enfrenta un profundo quiebre familiar tras el fallecimiento de Jaime Santa Cruz López, ocurrido el 20 de marzo de 2020.

Junto a su hermano Manuel, Hugo Yaconi, Mario Vinagre y Ernesto Noguera, Jaime Santa Cruz fundó en los años setenta el grupo Yaconi-Santa Cruz, propietario de importantes empresas como Lipigas, Pesquera Blumar, Abcdin y Dijon, entre otras. Sin embargo, cinco años después de su muerte, parte de su herencia está en disputa debido a las acusaciones de sus nietos, quienes señalan a sus tíos de un presunto vaciamiento patrimonial de los bienes del abuelo.

El conflicto involucra a los herederos directos de Jaime Santa Cruz López, empresario que tuvo cinco hijos con Pola Octavia María Negri Sepúlveda: Juan Pablo, Jaime, Andrés, Pola y María Isabel. Esta última falleció en 1997 en Houston, Estados Unidos, debido a una enfermedad.

25 años después de su muerte, sus hijos Camila (40), Jacinta (36), Josefa (33) y Francisco (31) Roa Santa Cruz iniciaron una ofensiva legal contra sus tíos, denunciando un presunto “vaciamiento patrimonial” de la fortuna de su abuelo.

El 20 de enero de 2022, los Roa Santa Cruz presentaron una medida prejudicial contra Juan Pablo Santa, Jaime Fernando, Andrés Antonio y Pola María Pía Santa Cruz Negri y diversas sociedades, entre ellas Inversiones y Rentas Bermeo Limitada, Inversiones Baracaldo Limitada, Inversiones Santegri Limitada, Inversiones Allipén, Inversiones Maichín, Inversiones Carén e Inversiones San José.

Posteriormente, el 13 de julio de 2023, presentaron una demanda contra 18 personas naturales y jurídicas, incluyendo a sus tíos, primos y sociedades vinculadas al patrimonio familiar, intensificando así la disputa legal que sacude a uno de los clanes empresariales más emblemáticos del país.

En respuesta a esta arremetida, el 11 de noviembre, Juan Pablo, Jaime y Pola Santa Cruz Negri, junto a Inversiones Allipén, Inversiones Carén e Inversiones San José, contestaron la demanda de sus sobrinos Roa Santa Cruz.

“El libelo constituye una clara e interesada tergiversación de los elementos y requisitos de este tipo de acción con el objeto de encubrir el no ejercicio de otras acciones que se encuentran largamente prescritas”, afirmaron en su escrito, patrocinado por el abogado Santiago Montt.

Agregaron que “no existe incertidumbre alguna de los derechos hereditarios que se alegan derivada de la supuesta gratuidad de los actos y contratos cuya naturaleza se controvierte”.

En su defensa, explicaron que los aumentos y disminuciones de capital son acuerdos entre socios para modificar el capital social, ya sea incrementándolo o reduciéndolo, lo que siempre implica un costo asociado.

Según los demandados, los nietos buscan que el tribunal resuelva una supuesta duda sobre sus derechos hereditarios. Argumentaron que los demandantes pretenden que varios actos y contratos realizados entre 1990 y 2011 por el patriarca fallecido, aunque presentados como acuerdos con costo, sean declarados como regalos.

Además, acusaron a los sobrinos de intentar obtener beneficios económicos mediante el uso indebido de una acción judicial. Señalaron que los demandantes buscan que el tribunal “recaracterice” actos y contratos legítimos como gratuitos para incluirlos en el patrimonio hereditario, lo que les otorgaría un beneficio económico en la partición de la herencia.

En su réplica, los demandantes enfatizan que los demandados no han sido capaces de justificar la naturaleza económica de los actos cuestionados ni de aclarar si las obligaciones derivadas de los mismos se cumplieron. Según su argumentación, “este silencio resulta revelador y elocuente respecto al esquema de vaciamiento patrimonial denunciado en la demanda, el cual implicó una clara violación de los derechos hereditarios de nuestros representados”.

El documento detalla cómo Jaime Santa Cruz López, que había acumulado un gran patrimonio durante su vida, falleció con bienes significativamente menores en comparación con los que poseía en su etapa productiva. En palabras de los demandantes, “el causante, con un patrimonio cuantioso durante la mayor parte de su vida activa, murió con un patrimonio comparativamente ínfimo en relación al que amasó durante sus años adultos”. Incluso, plantean que el pago de la deuda generada por las transacciones efectuadas habría requerido que “el causante hubiera tenido que vivir hasta los 217 años para lograr el pago de dicha deuda”.

Finalmente, los demandantes recalcan que el tribunal debe esclarecer esta situación y declarar la gratuidad de los actos impugnados. Sostienen que “el tribunal no puede ni tiene por función ‘recaracterizar’ contratos y transformarlos en gratuitos u onerosos a discreción”, razón por la cual es clave reconocer el verdadero propósito de las transacciones efectuadas. También denuncian que los demandados heredaron activos que originalmente pertenecían al causante, argumentando que “los demandados heredaron la cuenta por cobrar que el causante tenía en contra de la sociedad Santegri, cuyo origen había sido la cesión de derechos que este le había hecho a ellos mismos”.

Los hermanos Santa Cruz Negri son asesorados por el abogado Santiago Montt Vicuña, mientras los hermanos Roa Santa Cruz son representados por el abogado Juan Francisco Asenjo y Pedro Pablo Gutiérrez.