Progresismo fiscal, crecimiento y demandas sociales

A partir del estallido social de octubre pasado ha surgido una fuerte demanda por una política fiscal con mayores niveles de protección social y un mayor énfasis redistributivo. Lo cierto es que una política fiscal verdaderamente progresista es aquella que asegura que los beneficios sociales que se entregan sean duraderos en el tiempo. Cuando la trayectoria de gasto público no es sostenible, la crisis fiscal que esta situación desencadena conlleva altos costos en materia de bienestar social, especialmente para los más necesitados.

Ha sido precisamente la implementación de una política fiscal bajo la lógica de que los aumentos en el gasto público deben ser acompañados de aumentos en los ingresos permanentes del Fisco, lo que ha permitido que en nuestro país la política fiscal haya sido un factor estabilizador y no una fuente de inestabilidad, como en muchos países de la región y el mundo.

Hoy existe un amplio consenso político respecto de la necesidad de avanzar de manera decidida en una agenda social para reducir la desigualdad. Pero esta agenda cumplirá su objetivo solo si es sostenible en el tiempo. Para que así sea, debe considerar en su diseño las tendencias que afectarán al gasto social, las necesidades que enfrentamos en materia de inversión en bienes públicos productivos y el adecuado balance entre la carga tributaria y los incentivos a la inversión en capital físico y humano que se requieren para potenciar el crecimiento económico. Tarea nada de fácil, pero imprescindible.

¿Cuál es el punto de partida en materia fiscal? En su más reciente actualización de proyecciones fiscales para el período 2020-2024, el gobierno ha señalado que, en el nuevo escenario macroeconómico, nuestra deuda pública se incrementará desde el actual 27,6% del PIB a un 38,1% en 2024 y que el déficit fiscal estructural será en promedio 2% del PIB en dicho período. Estas estimaciones asumen que el acuerdo entre gobierno y oposición en materia tributaria, y que aumentaría en 2.200 millones de dólares la recaudación, es aprobado.

Pero detener el análisis fiscal el año 2024 no permite vislumbrar la verdadera presión de gasto público que enfrentaremos como país en las próximas décadas. En nuestro país, los adultos mayores (mayores de 65 años) representan hoy un 11,8% de la población (2,3 millones de personas). Para el año 2030 los adultos mayores habrán alcanzado un 16,6% de la población y serán cerca de 3,5 millones de personas. Hacia el año 2040, los adultos mayores se habrán duplicado respecto del nivel actual. Es decir, el gasto en salud y pensiones, dos componentes esenciales de la agenda social en discusión, tendrá una trayectoria fuertemente creciente.

Todo lo anterior indica de manera clara que la carga tributaria deberá aumentar progresivamente en nuestro país. Pero también indica que para que la situación fiscal sea sostenible, se deberá aumentar el ritmo de crecimiento de nuestra economía. Lo anterior es clave para reforzar la sostenibilidad de la política fiscal no solo desde la perspectiva de la mayor recaudación asociada a un mayor crecimiento económico. Lo es también para mantener acotada la trayectoria de gasto público. Si el crecimiento económico no es fortalecido, es probable que no generemos las suficientes oportunidades para compensar las pérdidas de empleo asociadas al proceso de automatización, lo que a su vez generará mayor presión de gasto en pensiones y otras prestaciones sociales.

Pero para aumentar el crecimiento debemos avanzar en sofisticar y diversificar nuestra economía. Y eso requiere invertir hoy en educación, capacitación, I+D, emprendimiento, en eficiencia del Estado y en generar condiciones de estabilidad social y de orden público que permitan fortalecer la inversión.

La gran mayoría de los sectores políticos han apoyado la implementación de reformas sociales profundas que permitan construir un país más justo. Pero si queremos que esos cambios se mantengan y profundicen en el tiempo, deben ir acompañados de la voluntad de esa mayoría política para implementar una agenda país en materia de crecimiento que nos permita generar un círculo virtuoso entre oportunidades para las nuevas generaciones y políticas redistributivas sostenibles en el tiempo.