Hasta el Cuarto Juzgado de Garantía llegó este martes por la mañana el presidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, quien sería formalizado por el delito de apropiación indebida, un caso iniciado por un grupo de médicos que se querelló en su contra por pagos adeudados por la empresa, según reclaman.

Gil llegó con una mascarilla cubriendo parte de su rostro y acompañado de varias personas, entre ellas su abogado, Alejandro Jofré. Aunque la audiencia de formalización estaba citada para las 11:00 horas, finalmente comenzó unos treinta minutos después. En su inicio, la magistrada pidió a los abogados de los querellantes, una veintena, que se inscribieran para poder hablar en la audiencia.

Las querellas se centran en el impago de honorarios comprometidos a los médicos que prestaban servicios a través de sociedades. En total, 21 sociedades médicas acusan la retención de $2.600 millones.

En la audiencia, la fiscal Karin Naranjo solicitó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. La defensa no se opuso a estas peticiones, pero algunos querellantes solicitaron además que Gil no se acerque a CLC, debido a la “probabilidad de que se pierdan o destruyan pruebas”, argumentaron.

Y en efecto, el tribunal prohibió a Gil acercarse a CLC, basándose en los argumentos presentados por la parte querellante. Asimismo, decretó la firma mensual en la comisaría de La Reina y la prohibición de salir del territorio nacional.

La fiscal Karin Naranjo explicó que desde diciembre de 2019, los gerentes generales de CLC “no han tenido libertad para ejercer su cargo”, ya que Gil mantiene un cargo de presidente ejecutivo.

“Hay procedimientos médicos que no han sido pagados por la clínica desde 2021. No hubo un pago oportuno a los médicos, y no existe claridad sobre qué pacientes habían pagado o no. La nueva administración, encabezada por Alejandro Gil, negó a los médicos de manera permanente el acceso a información sobre qué pacientes habían pagado y quiénes no”, sostuvo Naranjo.

Según la fiscal, hubo importantes diferencias en las liquidaciones realizadas por Clínica Las Condes y la información recabada, las que “revelaron retenciones injustificadas por parte de la Clínica de los honorarios médicos, incumpliendo el mandato expreso otorgado por las víctimas”. En este contexto, afirmó, “desde el año 2021 hasta la fecha, la administración de CLC, dirigida por Alejandro Gil, ha vulnerado el mandato que las sociedades habían otorgado, pagando a los médicos y sociedades prestadoras en fracciones menores y parciales”.

La defensa del empresario, encabezada por el abogado Álvaro Jofré, desmintió la posición de los querellantes. “Es absolutamente imposible que esto sea así. No es él quien maneja de manera individual la clínica y los honorarios médicos”, aseguró.

“Jamás ha dejado una solicitud o requerimiento sin responder fuera de plazo. La Fiscalía incautó computadores. En 2022 hubo un alzamiento del secreto bancario. El señor Gil declaró de manera voluntaria ante la fiscalía sin ser citado. Desde 2020 a 2024, existen miles de transferencias de CLC a los médicos, mientras Gil es presidente de la compañía”, explicó.

“¿Se coartará su libertad de trabajo? ¿Con qué necesidad o razonabilidad? Esta parte no lo avizora. Gil, cuando asumió, rebajó la dieta. No tiene sentido que se le prohíba el ingreso a la clínica y que se le impida tener contacto con los gerentes”, manifestó su abogado defensor.

Desde su arribo hasta su salida Alejandro Gil estuvo flanqueado por dos ejecutivos de CLC: Pablo Ortiz y Gustavo Delgado, gerente general y contralor de la compañía, respectivamente.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, desde inicios de 2021 CLC ha incumplido en el pago de la mayoría de los honorarios derivados de cirugías y procedimientos, además de haber retrasado injustificadamente los honorarios correspondientes a atenciones ambulatorias. “Esto no solamente afecta a los profesionales médicos, sino también al resto del equipo que interviene en una cirugía, como arsenaleros y enfermeros”, planteó la querella.

Las repercusiones de la medida cautelar impuesta por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en contra del presidente de la Clínica Las Condes, en cuanto a no poder acercarse al establecimiento, son motivo de debate. La fiscal Karin Naranjo, en conversación con Pulso, expresó: “No me había correspondido a mí, pero tampoco tengo conocimiento global de todas las medidas cautelares que se piden en el país. Sí se da mucho en temas de violencia intrafamiliar en que se prohíbe acercarse”.

Al ser consultada sobre si esta prohibición de acercamiento podría poner en cuestión la administración de las empresa a partir de ahora, la fiscal Naranjo respondió que “no creo. Usted me está pidiendo que le responda por una medida particular. La solicitud de esta medida cautelar tiene que ver con la particularidad en la forma en que se ejerce la dirección en la clínica. Entonces, difícilmente esa particularidad se puede generalizar en todas las otras empresas. No creo que esto pueda ser un cuestionamiento al sistema respecto a un caso en particular que funciona de una manera muy distinta a cómo funcionan otras empresas.”

Y frente a la interrogante de si dicha medida cautelar impide que Gil pueda dirigir por vía telemática la cínica, su abogado Álvaro Jofré sostuvo que a su defendido solo se le impidió acceder “físicamente” a CLC.

Lo anterior fue refrendado por Pamela Contreras, abogada querellante del estudio Colombara. “Sí, puede dirigir. Puede tener reuniones del directorio vía telemática, pero lo que no puede hacer es ir físicamente a CLC”.