En los últimos meses hemos asistido a un intenso debate sobre qué hacer con nuestro régimen político. En esta columna, quisiera detenerme en la discusión (o confusión) sobre el diagnóstico que sustentaría un cambio de régimen político. Aquí discuto dos razones que se han señalado para deshacernos del presidencialismo: (a) que este ha sido responsable de dificultar la aprobación de reformas estructurales que el país requería y (b) que es un sistema que concentra mucho poder en el Ejecutivo.

Desde antes del estallido social, varias investigaciones ya documentaban las serias dificultades y fallas que el sistema de partidos chileno estaba experimentado. De hecho, los problemas que vive el país en buena medida se explican por el funcionamiento sub-óptimo de estos. Los partidos se distanciaron de sus electorados, mientras establecieron relaciones impropias con el empresariado, el que financió ilegalmente a políticos de casi todo el espectro partidario. No solo eso. Los partidos fallaron en su rol de canalizadores de las demandas ciudadanas, especialmente los partidos de centroizquierda cuando fueron gobierno. Lamentablemente, la respuesta por mejorar el desempeño del sistema político chileno no yace en cambiar el régimen político, sino en mejorar el sistema de partidos, una tarea no menor.

Por otra parte, hay también un diagnóstico más acabado sobre las causas de los serios problemas que han afectado a Chile en las últimas décadas. El libro El Otro Modelo, el cual sirvió de base para el programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet y del cual uno de sus autores es Fernando Atria, señala que (i) las leyes que requerían “súpermayorías” para su aprobación, modificación o derogación; (ii) la existencia del sistema binominal; y, (iii) el Tribunal Constitucional, fueron conjuntamente responsables de la lentitud (en algunos casos) y la imposibilidad (en otros) para avanzar en reformas profundas en el Chile post-Pinochet. Es decir, el problema no residía en el presidencialismo chileno, sino en la existencia de un entramado institucional diseñado para evitar o dificultar la introducción de cambios importantes. De no haber existido estos frenos institucionales excesivos, probablemente, se habría avanzado de manera más decidida en las reformas profundas que el país necesitaba.

Otro ejemplo de la confusión que hay sobre el diagnóstico entre quienes proponen el reemplazo del presidencialismo se ilustra de la siguiente manera. Primero, hay quienes desean terminar con el “hiperpresidencialismo”, es decir con un modelo en el que supuestamente el Presidente domina el sistema político chileno. Al mismo tiempo, se argumenta que se debe terminar con el presidencialismo porque el Presidente no puede avanzar su agenda en el Congreso producto de los bloqueos que allí encuentra. Ambas afirmaciones no pueden ser simultáneamente ciertas: o el Presidente es muy poderoso, la tesis del supuesto hiperpresidencialismo, o es muy débil y por ello se producen bloqueos con el Legislativo. Creo que ninguna de estas explicaciones es correcta en su propio mérito. La tesis del hiperpresidencialismo es a lo menos sumamente cuestionable, mientras que bloqueos importantes entre La Moneda y el Congreso no existieron por el diseño del presidencialismo chileno, sino por los factores identificados por Atria et al. (2013) en El Otro Modelo descritos arriba, los cuales son ajenos al presidencialismo, y por la férrea oposición de una parte de la derecha.

Otro error de diagnóstico (y solución) se relaciona con lo anterior. Aquellos que desean reemplazar el presidencialismo porque supuestamente concentra demasiado poder en manos del Ejecutivo, proponen reemplazarlo por un sistema parlamentario, en el cual el Ejecutivo es conocido por ejercer un control aun mayor sobre el sistema político. Un riesgo de concentración de poder similar puede ocurrir en el semipresidencialismo cuando el Presidente y Primer Ministro son del mismo color político, pues el Presidente, además de tener una importante influencia en la conducción política del país, posee una herramienta que cualquier jefe de Estado en el presidencialismo envidiaría: la posibilidad de disolver al Legislativo.

Claramente, hay voces discordantes sobre el diagnóstico respecto de los problemas que aquejan al país y cómo la nueva Constitución podría abordarlos. Ese desacuerdo separa a aquellos que desean reformar el presidencialismo de quienes buscan su reemplazo. Es importante recordar que fiascos en políticas públicas como resultados de malos diagnósticos no escasean. No obstante, más preocupante que eso es cómo una confusión o error en el diagnóstico puede costarle caro a la propia Constitución que se apruebe en el plebiscito de salida. Esto es el tema que abordaré en una próxima columna.