Quien fuera el abogado del proyecto inmobiliario Fundamenta, y que años atrás logró inhabilitar al presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal, decidió arremeter -ahora en el plano ético- en contra del magistrado. Esto, aprovechando que la comisión ad hoc está investigando a otros ministros por reportajes de Ciper que los involucran en presuntos actos de tráfico de influencias. La principal prueba, se lee en el escrito, serían las conversaciones entre la hija del magistrado y su ejecutiva inmobiliaria en la que le habría pedido recuperar sus abonos para un proyecto, ya que -según la acusación- sabía el resultado de la sentencia en que participó su padre y que retrasaría la entrega de dichos inmuebles.