El organismo regulador insistió en que el acuerdo no requiere de la aprobación de una junta de accionistas de SQM, tal como lo plantea la compañía china.
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Durante la primera mitad del año, los papeles del selectivo que anotaron los mayores retornos en el periodo fueron Vapores con 54,61%, Ripley 46,8%, Latam 37,17%, Falabella 31,86% y Andina-B un 26,56%.
La compañía china, dueña del 22% de SQM, presentó un recurso de reposición por el dictamen del organismo que rechazó exigir una junta de accionistas para aprobar la asociación. La CMF tiene 15 días hábiles para responder. Tianqi busca agotar la vía administrativa antes de recurrir a la justicia.
El SEA evalúa la admisibilidad de la petición de la firmas estadounidense, lo que podría influir en las proyecciones de producción de litio de ambas compañías. el organismo, sin embargo, no tiene plazo para pronunciarse y, por ello, un titular podría estar fácilmente hasta tres años en este procedimiento, como en el caso de Alto Maipo, que ingresó una petición el 5 de febrero de 2018 y la resolución de revisión es del 2022.
"Estamos tranquilos. Esto tiene todo un procedimiento legal, desde el punto de vista de la evaluación de impacto. Es un trabajo que estamos desarrollando con las distintas comunidades, y luego se va a hacer la consulta”, señaló José Miguel Benavente en radio Infinita.
La estadounidense Albemarle solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental una revisión de las Resoluciones de Calificación Ambiental de sus operaciones y las de SQM en el yacimiento, citando impactos ambientales significativos y la necesidad de estudios adicionales sobre la interacción entre la extracción de salmuera y el comportamiento del acuífero, así como el uso de tecnologías avanzadas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático.
En un recurso recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la comunidad busca dejar sin efecto el acuerdo entre ambas firmas para la explotación de litio en el Salar de Atacama
Desde la compañía recordaron que están evaluando "todas las acciones legales posibles" tras el dictamen emanado esta semana por el regulador del mercado de capitales, que significó un bloqueo a sus intentos por somenter a votación de una junta extraordinaria de accionistas la aprobación de asociación entre la minera privada y la estatal.
En Money Talks abordamos la decisión del Banco Central y las novedades en torno al denominado oro blanco.
El regulador determinó que la asociación debe ser analizada y resuelta por el directorio de SQM y no corresponde que una junta extraordinaria de accionistas de SQM se pronuncie. Sin embargo, precisó que los accionistas tienen derecho a que "de corresponder, a perseguir las responsabilidades de los directores en caso de ocasionarse perjuicios a la sociedad y a los accionistas".
El convenio establece la entrega a largo plazo de hidróxido de litio para baterías en la producción de vehículos eléctricos.
En los tres primeros meses del año, el volumen de las ventas del denominado oro blanco por parte de SQM y Albemarle aumentó más 30%, pero pagaron US$135 millones por el arriendo de pertenencias mineras, un 87% menos que los US$ 1.046 millones de igual período de 2023. Los menores precios, que en el caso de SQM cayeron un 75% en el período, explicaron el menor desempeño.
No son especialistas en litio o minería, pero sí en fusiones y adquisiciones. Dos abogados fueron los asesores principales del negocio del año. Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle y Cristián Eyzaguirre Court tradujeron en contratos los deseos de SQM y Codelco, y lideraron equipos numerosos en una transacción inédita. Son socios de dos grandes bufetes, Carey y Claro & Cía. y tienen tarifas que se acercan a los US$400 por hora.
La baja en las ganancias y distribución de beneficios de SQM y Vapores fueron clave en el dato total, pero a estos casos se suman otros factores.
Además, el director jurídico del regulador del mercado financiero explicitó los caminos legales con que cuenta el grupo asiático para bloquear el acuerdo de asociación con Codelco. En tanto, Máximo Pacheco, presidente de la estatal, defendió la norma que excluye a Julio Ponce del directorio de la nueva empresa, y aseguró que no podían dirigirla contra sus hijos porque era "ilegal e inconstitucional".
