Rozas es investigado por su eventual responsabilidad de mando en apremios ilegítimos en el estallido social, mismo delito atribuido al actual mandamás de la institución, Ricardo Yáñez.
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El Tribunal Constitucional, al igual que con el exgeneral Mario Rozas, desestimó paralizar la audiencia en que la Fiscalía les imputará cargos por delitos omisivos el próximo 7 de mayo.
El jefe policial entró en la recta final para definir su futuro al mando de la institución, pues a solo 15 días de enfrentar cargos por su responsabilidad de mando en el estallido social, deberá liderar el aniversario de la institución el sábado 27 de abril, día en que -según su entorno- definiría públicamente su futuro. Sin embargo, el Tribunal Constitucional asoma como su última esperanza para suspender la formalización y terminar su mandato en noviembre.
La titular del organismo, Nancy Yáñez, se refirió al recurso presentado por el jefe policial que fue acogido a trámite y que solicita la suspensión de las causas de Alto Mando y delitos de lesa humanidad relacionadas con el estallido social.
"En el marco de la institucionalidad, cualquier ciudadano, incluso autoridad, tiene derecho a ocupar las herramientas que el ordenamiento jurídico le asiste", señaló la vocera del gobierno.
La Fiscalía mantiene a ambos como imputados por su presunta responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones vinculadas al estallido social de octubre de 2019.
El TC envió al pleno los antecedentes que develó la abogada de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, Ximena Risco, que darían cuenta de una filtración interna en su último intento por suspender el juicio penal en contra del exejecutivo del factoring. Esto, a pocos días de la audiencia de formalización que se llevó a cabo este miércoles ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
“El Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es garantizar la supremacía del texto constitucional y ofrecer a la ciudadanía una interpretación jurídica de la Constitución. Y lo que hace el Tribunal es eso”, afirmó Nancy Yáñez.
"El Tribunal no ha indicado que sea inconstitucional utilizar la mutualización, pues ninguno de los requirentes solicitó un análisis de la materia. Por lo tanto, esta opción sigue siendo válida, aunque depende del Ejecutivo su aplicación”, dijo el gremio.
El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores oficialistas. Eso significa que queda sin efecto la votación y aprobación de la indicación que en enero incorporó la mutualización en el proyecto, dado que es de iniciativa exclusiva del Presidente. Así, la deuda de las isapres con sus afiliados ahora vuelve a subir desde US$451 millones, a más de US$1.000 millones.
En febrero los senadores oficialistas Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD) ingresaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento en contra de la mutualización contemplada en la ley corta de isapres.
El ejecutivo cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público, deslizando que filtra información a los medios de comunicación y que pedirá su prisión preventiva de manera inconstitucional. En su escrito, también detalló el traspaso de su casa en Lo Barnechea a su excónyuge, cumpliendo una orden judicial del Primer Juzgado de Familia de Santiago.
El Tribunal Constitucional revisará el fondo de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el municipio de Maipú para ser considerado como querellante en la causa. En la audiencia de formalización de la exjefa comunal habían sido excluidos.
Aunque públicamente se había dicho que esperarían hasta la tramitación de la ley corta de isapres, la noche del domingo el Ejecutivo formuló observaciones, se hizo parte y solicitó alegatos en el requerimiento al Tribunal Constitucional que hace algunos días había hecho un grupo de senadores oficialistas. Esta última acción, junto a la lectura de que era inconsistente no referirse ahora, explican en parte la decisión.
Parlamentarios buscan invalidar la votación que incorporó la mutualización de la deuda de las aseguradoras, que permite bajar los US$1400 millones que calculó la Superintendencia de Salud en mayo de 2023 a US$550 millones.
