En febrero los senadores oficialistas Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD) ingresaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento en contra de la mutualización contemplada en la ley corta de isapres.
El ejecutivo cuestionó duramente la actuación del Ministerio Público, deslizando que filtra información a los medios de comunicación y que pedirá su prisión preventiva de manera inconstitucional. En su escrito, también detalló el traspaso de su casa en Lo Barnechea a su excónyuge, cumpliendo una orden judicial del Primer Juzgado de Familia de Santiago.
El Tribunal Constitucional revisará el fondo de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el municipio de Maipú para ser considerado como querellante en la causa. En la audiencia de formalización de la exjefa comunal habían sido excluidos.
Aunque públicamente se había dicho que esperarían hasta la tramitación de la ley corta de isapres, la noche del domingo el Ejecutivo formuló observaciones, se hizo parte y solicitó alegatos en el requerimiento al Tribunal Constitucional que hace algunos días había hecho un grupo de senadores oficialistas. Esta última acción, junto a la lectura de que era inconsistente no referirse ahora, explican en parte la decisión.
Parlamentarios buscan invalidar la votación que incorporó la mutualización de la deuda de las aseguradoras, que permite bajar los US$1400 millones que calculó la Superintendencia de Salud en mayo de 2023 a US$550 millones.
El oficio fue ingresado ante el Tribunal Constitucional el pasado viernes por un grupo de senadores oficialistas, tras la aprobación en la Cámara Alta de una indicación del proyecto de la ley corta de isapres, que permitiría la rebaja de la deuda de las aseguradoras privadas a US$ 451 millones.
Para los parlamentarios la rebaja del pago de las aseguradoras privadas se trata de un "perdonazo".
Precht es abogada de la Universidad Católica de Chile y Master of Legal Institutions de la Universidad of Wiscosin- Madison.
La ministra del Interior defendió la determinación del Ejecutivo y desdramatizó la molestia del PC, señalando que "es parte del derecho que tiene un parlamentario si tiene objeciones (...) así funciona la democracia, no es un ejército".
Sus nombramientos habían sido ratificados la semana pasada por el Senado. Formarán parte de la institución hasta enero del 2023.
El Tribunal Constitucional determinó que los argumentos presentados por Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema, no lograron fundamentar una controversia constitucional. Según la resolución, la justificación fue "esencialmente de índole interpretativo y no supone uno de tipo constitucional en el ámbito de la inaplicabilidad".
El fallo del tribunal indica que el conflicto presentado en el libelo "es esencialmente de índole interpretativo y no supone uno de tipo constitucional en el ámbito de la inaplicabilidad”.
Con esta votación, pasarán a conformar parte del Tribunal Constitucional los abogados Catalina Lagos Tschorne, Héctor Mery Romero, Alejandra Precht Rorris y Marcela Peredo Rojas, los que estarán en el cargo por nueve años.
Alejandra Precht, propuesta por la falange, obtuvo 11 votos, mientras que Marcela Peredo, carta promovida por Renovación Nacional, con el apoyo de las bancadas de derecha, consiguió un total de 10. La opción del PC tuvo 4 votos.
La empresa de propiedad del fondo britanico Novator presentó dos recursos de inaplicabilidad constitucional en contra de unos de los artículos de la Ley General de Telecomunicaciones que funda las tres sanciones que le impuso Subtel por sus retrasos en el despligue del 5G.
