El oficio fue ingresado ante el Tribunal Constitucional el pasado viernes por un grupo de senadores oficialistas, tras la aprobación en la Cámara Alta de una indicación del proyecto de la ley corta de isapres, que permitiría la rebaja de la deuda de las aseguradoras privadas a US$ 451 millones.
Para los parlamentarios la rebaja del pago de las aseguradoras privadas se trata de un "perdonazo".
Precht es abogada de la Universidad Católica de Chile y Master of Legal Institutions de la Universidad of Wiscosin- Madison.
La ministra del Interior defendió la determinación del Ejecutivo y desdramatizó la molestia del PC, señalando que "es parte del derecho que tiene un parlamentario si tiene objeciones (...) así funciona la democracia, no es un ejército".
Sus nombramientos habían sido ratificados la semana pasada por el Senado. Formarán parte de la institución hasta enero del 2023.
El Tribunal Constitucional determinó que los argumentos presentados por Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema, no lograron fundamentar una controversia constitucional. Según la resolución, la justificación fue "esencialmente de índole interpretativo y no supone uno de tipo constitucional en el ámbito de la inaplicabilidad".
El fallo del tribunal indica que el conflicto presentado en el libelo "es esencialmente de índole interpretativo y no supone uno de tipo constitucional en el ámbito de la inaplicabilidad”.
Con esta votación, pasarán a conformar parte del Tribunal Constitucional los abogados Catalina Lagos Tschorne, Héctor Mery Romero, Alejandra Precht Rorris y Marcela Peredo Rojas, los que estarán en el cargo por nueve años.
Alejandra Precht, propuesta por la falange, obtuvo 11 votos, mientras que Marcela Peredo, carta promovida por Renovación Nacional, con el apoyo de las bancadas de derecha, consiguió un total de 10. La opción del PC tuvo 4 votos.
La empresa de propiedad del fondo britanico Novator presentó dos recursos de inaplicabilidad constitucional en contra de unos de los artículos de la Ley General de Telecomunicaciones que funda las tres sanciones que le impuso Subtel por sus retrasos en el despligue del 5G.
Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema, denuncia que solo a ella se le abrió un sumario por teletrabajar, siendo que otros magistrados incurrieron en la misma falta por la cual se le investiga. En ese sentido, si bien no reconoce haber trabajado desde Europa, sí sostiene que la normativa que permitió el trabajo remoto “no prohibió que los funcionarios pudieran estar en el extranjero”.
El padre del senador UDI Javier Macaya presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para acceder a penas sustitutivas a las privativas de libertad, en la eventualidad de ser declarado culpable. El Ministerio Público ya expuso ante el organismo que se opone a lo planteado, dado que es investigado como "autor de cuatro hechos (...) contra persona menor de 14 años". El requerimiento también pide la suspensión de la causa.
El Tribunal Constitucional, en una decisión inédita, decretó secreta la tramitación del recurso de inaplicabilidad presentado por la hija del influyente ministro de la Corte Suprema, Graciel Muñoz. La magistrada, quien es jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, busca impugnar el sumario que se abrió en su contra por trabajar de forma virtual desde Italia. Por ahora ya se anotó una victoria. El organismo admitió a trámite el requerimiento, por lo que se suspendió la investigación administrativa que se lleva en su contra en la Corte capitalina.
El 12 de enero culminan su mandato los ministros Letelier y Pozo, que sumarán a las vacantes de Romero y García, que no se han llenado desde 2022. La UDI, RN, la DC y el PS ya activaron la selección de postulantes que deben ser nominados por el Congreso. Juan Carlos Ferrada, Manuel Puccio, Beatriz Corbo, María Angélica Benavides, Héctor Mery, Alejandra Precht y Marcela Peredo son algunas cartas.
Por unanimidad, los once parlamentarios de la comisión de Hacienda dieron su voto en contra al aumento -de más de $ 3 millones- propuesto por el Ejecutivo en el marco del reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público.
