Diputados del oficialismo presentaron una indicación para eliminar la mejora salarial en el Tribunal Constitucional que superaría los 3 millones de pesos. Karol Cariola (PC) expresó que la medida es "incomprensible".
13 dic 2023 09:01 PM
Diputados del oficialismo presentaron una indicación para eliminar la mejora salarial en el Tribunal Constitucional que superaría los 3 millones de pesos. Karol Cariola (PC) expresó que la medida es "incomprensible".
En el mensaje del Ejecutivo del reajuste del sector público se plantea que "se ha estimado pertinente tender a la homologación de las remuneraciones" de los magistrados del organismo "con aquellas que le corresponden" a los jueces de la Corte Suprema. Esta alza ya había sido solicitada por el expresidente de la entidad, Iván Aróstica, a Sebastián Piñera en 2019.
El partido que lidera el senador Rodrigo Galilea lleva dos fracasos para completar el cupo que les corresponde en el Tribunal Constitucional. En su tercer intento optarán por la exintegrante de la Comisión Experta. La DC, en tanto, no modificará su carta y, por tercera vez, pondrá sus fichas en la abogada Alejandra Precht. Ambos puestos llevan casi un año y nueve meses vacantes.
La sentencia del organismo desechó cada uno de los argumentos centrales de la ofensiva impulsada por senadores de Chile Vamos, Republicano y Demócratas.
La Cámara Baja despachó para su promulgación la norma que sanciona con penas de cárcel el porte injustificado de combustibles en contexto de manifestaciones. El Ejecutivo buscaba que la acción fuera sancionada como una falta y penada con una multa.
La Primera Sala del organismo liderado por Nancy Yáñez acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa de Enrique Rebolledo Soteldo y Jorge Aliro Valdebenito Isler, encausados por la detención y ejecución de Jorge Silhi Zarzar, Víctor Painemal Arriagada, Sergio Riquelme Inostroza y de Hernán Henríquez Aravena. La situación fue calificada como "preocupante" por parte de los querellantes.
La decisión de la Primera Sala del Tribunal Constitucional responde a un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el mayor (R) de Carabineros Patricio Marín Lazo, uno de los acusados por el caso.
Tres de los cuatro ministros de la sala rechazaron el recurso que buscaba habilitarlo para pedir la nulidad de la condena de 17 años de presidio impuesta a Pradenas por el Tribunal de Temuco, en el marco del segundo juicio realizado en su contra.
Por medio del recurso, la Cámara Alta busca que el organismo liderado por Nancy Yáñez se pronuncie sobre la constitucionalidad de la instancia creada por el gobierno.
El presidente de RD criticó el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado que busca que el TC se pronuncie sobre una posible inconstitucionalidad de la comisión. "Todas las comisiones asesoras son creadas por decreto", destacó.
El jurista que patrocinó el "téngase presente" que hizo la Confederación de la Producción y del Comercio ante el Tribunal Constitucional por la iniciativa, volvió a criticarla duramente, señalando que "hay gente en el oficialismo que ve en esto una oportunidad para disparar en contra del empresariado. En vez de disparar en forma selectiva y atacar ciertas conductas, lo que vemos es una bomba de racimo. Hay una mirada ideológica con normas para combatir el crimen organizado, narcotráfico y pornografía infantil. Ese es el estándar al que están sometiendo los delitos económicos".
"Acá no se está imputando delitos a un directivo o gerente de una empresa por el solo hecho de serlo, sino que cuando ese directivo interviene directamente en la comisión de un delito. Muy contento que tras 5 años de tramitación, finalmente nuestra ley de delito económico vea la luz”, sostuvo Matías Walker.
La iniciativa cerró este martes el trabajo realizado por el pleno del Tribunal. La sentencia se dará a conocer en los próximos días.
“Cada vez que el sistema institucional chileno aborda una reforma de estas características que tiene impacto en los mercados, la respuesta es exactamente la misma”, puntualizó el secretario de Estado.
La defensa del legislador solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa.