Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema, denuncia que solo a ella se le abrió un sumario por teletrabajar, siendo que otros magistrados incurrieron en la misma falta por la cual se le investiga. En ese sentido, si bien no reconoce haber trabajado desde Europa, sí sostiene que la normativa que permitió el trabajo remoto “no prohibió que los funcionarios pudieran estar en el extranjero”.
El padre del senador UDI Javier Macaya presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para acceder a penas sustitutivas a las privativas de libertad, en la eventualidad de ser declarado culpable. El Ministerio Público ya expuso ante el organismo que se opone a lo planteado, dado que es investigado como "autor de cuatro hechos (...) contra persona menor de 14 años". El requerimiento también pide la suspensión de la causa.
El Tribunal Constitucional, en una decisión inédita, decretó secreta la tramitación del recurso de inaplicabilidad presentado por la hija del influyente ministro de la Corte Suprema, Graciel Muñoz. La magistrada, quien es jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, busca impugnar el sumario que se abrió en su contra por trabajar de forma virtual desde Italia. Por ahora ya se anotó una victoria. El organismo admitió a trámite el requerimiento, por lo que se suspendió la investigación administrativa que se lleva en su contra en la Corte capitalina.
El 12 de enero culminan su mandato los ministros Letelier y Pozo, que sumarán a las vacantes de Romero y García, que no se han llenado desde 2022. La UDI, RN, la DC y el PS ya activaron la selección de postulantes que deben ser nominados por el Congreso. Juan Carlos Ferrada, Manuel Puccio, Beatriz Corbo, María Angélica Benavides, Héctor Mery, Alejandra Precht y Marcela Peredo son algunas cartas.
Por unanimidad, los once parlamentarios de la comisión de Hacienda dieron su voto en contra al aumento -de más de $ 3 millones- propuesto por el Ejecutivo en el marco del reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público.
Diputados del oficialismo presentaron una indicación para eliminar la mejora salarial en el Tribunal Constitucional que superaría los 3 millones de pesos. Karol Cariola (PC) expresó que la medida es "incomprensible".
En el mensaje del Ejecutivo del reajuste del sector público se plantea que "se ha estimado pertinente tender a la homologación de las remuneraciones" de los magistrados del organismo "con aquellas que le corresponden" a los jueces de la Corte Suprema. Esta alza ya había sido solicitada por el expresidente de la entidad, Iván Aróstica, a Sebastián Piñera en 2019.
El partido que lidera el senador Rodrigo Galilea lleva dos fracasos para completar el cupo que les corresponde en el Tribunal Constitucional. En su tercer intento optarán por la exintegrante de la Comisión Experta. La DC, en tanto, no modificará su carta y, por tercera vez, pondrá sus fichas en la abogada Alejandra Precht. Ambos puestos llevan casi un año y nueve meses vacantes.
La sentencia del organismo desechó cada uno de los argumentos centrales de la ofensiva impulsada por senadores de Chile Vamos, Republicano y Demócratas.
La Cámara Baja despachó para su promulgación la norma que sanciona con penas de cárcel el porte injustificado de combustibles en contexto de manifestaciones. El Ejecutivo buscaba que la acción fuera sancionada como una falta y penada con una multa.
La Primera Sala del organismo liderado por Nancy Yáñez acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa de Enrique Rebolledo Soteldo y Jorge Aliro Valdebenito Isler, encausados por la detención y ejecución de Jorge Silhi Zarzar, Víctor Painemal Arriagada, Sergio Riquelme Inostroza y de Hernán Henríquez Aravena. La situación fue calificada como "preocupante" por parte de los querellantes.
La decisión de la Primera Sala del Tribunal Constitucional responde a un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el mayor (R) de Carabineros Patricio Marín Lazo, uno de los acusados por el caso.
Tres de los cuatro ministros de la sala rechazaron el recurso que buscaba habilitarlo para pedir la nulidad de la condena de 17 años de presidio impuesta a Pradenas por el Tribunal de Temuco, en el marco del segundo juicio realizado en su contra.
Por medio del recurso, la Cámara Alta busca que el organismo liderado por Nancy Yáñez se pronuncie sobre la constitucionalidad de la instancia creada por el gobierno.
El presidente de RD criticó el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado que busca que el TC se pronuncie sobre una posible inconstitucionalidad de la comisión. "Todas las comisiones asesoras son creadas por decreto", destacó.
