$4.190 millones: Agricultores de Santo Domingo se enfrentan a empresa de la Universidad de Harvard por incendio forestal

Dicen que el incendio del 2 de enero de 2019 en el sector de San Guillermo, en la comuna de Santo Domingo (Región de Valparaíso) fue uno de los más grandes en décadas. El fuego arrasó con todo a su paso y pudo ser controlado solo 10 días después. ¿El saldo? Más 2.000 hectáreas quemadas, afectando praderas, bosque nativo y plantaciones de eucaliptus. El siniestro quedó en la memoria de agricultores pequeños y grandes y hoy buscan ser indemnizados.

Ese día, cuenta Próspero Espinoza (58), un reconocido buzo mariscador de la zona, había ido a San Antonio y a su vuelta se sorprendió por los gritos de sus vecinos que corrían con baldes y ollas, pidiendo agua. No sabía qué pasaba. Todo era desesperación y el fuerte viento amenazaba con acercar las llamas a su casa. Afortunadamente -dice- el incendio no quemó su vivienda, pero sí un depósito de algas, donde almacenaba cochayuyos y huiros que exportaba a China.

“Fue terrible para nosotros. Las llamas eran muy grandes y quemó todo: bosque nativo y pasto. Menos mal que la gente nos ayudó, porque si no habríamos perdido todo. Yo compro y recolecto algas en la playa de Mostazal, Las Cruces y Algarrobo. Al otro día íbamos a cargar las algas, pero perdimos todo”, cuenta el agricultor.

Al igual que Próspero, Olga Ampuero Riquelme (71), hija de Juan Ampuero, un agricultor de la zona de San Enrique, contigua a San Guillermo, resultó afectada. Junto a cinco hermanos más, forman parte de una sucesión hereditaria y son propietarios de una serie de hectáreas que resultaron quemadas.

“Se quemaron todas las hectáreas de terreno. Teníamos 32 hectáreas y se quemó todo. Teníamos bosque, árboles nativos, árboles frutales, jardín, rosas y algunos estanques. Se quemaron hasta las mangueras y el cerco. Libramos las casas solamente. Todo lo demás se quemó. El susto. Lloramos y todo fue terrible", explicó Olga Ampuero.

El incendió fue un golpe para la familia de Próspero y la de Olga, pero no se quedaron de brazos cruzados y el pasado 16 de abril demandaron a Agrícola Fundo Bucalemu -compañía que se dedica a la producción y exportación de paltas- buscando una indemnización de perjuicios y acusándola de ser responsable del desastre. Junto a un grupo de pequeños agricultores, exigen ser indemnizados en 179 millones, pues -a juicio de ellos- la empresa no actuó de manera negligente al no podar los árboles bajo una servidumbre eléctrica, lo que provocó que se cortara un cable y ocasionara el incendio. Un relato similar al ocurrido en las comunas de Paredones, Marchigüe y Pumanque, en la Región de O’Higgins, donde la eléctrica CGE de propiedad de la española Gas Natural Fenosa terminó siendo condenada a pagar millonarias indemnizaciones por incendios ocurridos entre los años 2016 y 2017.

Agrícola Bucalemu Limitada, por su parte, es representada y administrada por la sociedad de inversiones CLAG (Chile) SpA, la cual a su vez es propiedad de CLAG LLC. Se trata de una sociedad constituida y domiciliada en Delaware, Estados Unidos, cuyos representantes legales son Flavio N. Collins y Kathryn I. Murtagh, ambos domiciliados en Boston. Murtagh es la Directora de Cumplimiento y la Directora de Inversiones Sostenibles de Harvard Management Company (HMC), una subsidiaria de la prestigiosa Universidad de Harvard, que gestiona sus inversiones y activos financieros.

La agrícola está constituida en Chile desde el 17 de abril de 2008, tres días después de que se constituyera CLAG (Chile) SpA. Las sociedades han registrado un fuerte aumento de capital este año. El 1 de abril de 2020, mediante la modificación de uno de sus apartados, CLAG (Chile) SpA le aumentó el capital social a la Agrícola Bucalemu en poco más de $13.600 millones, llegando a la suma de $32.910 millones. El 6 de abril, en tanto, CLAG LLC aumentó el capital de CLAG (Chile) SpA en $30 mil millones, alcanzando los $76.957 millones.

Pero la demanda de Próspero y Olga -representados por los abogados Arturo Correa y Raimundo Pérez- no es la acción civil más cuantiosa presentada. A ésta se suman también Agrícola San Enrique Bucalemu Limitada -propiedad de los hermanos Manuel Isabel, Rafael y Paulina Prieto Castillo- y Agrícola Santa Rosa de Bucalemu que también acusan haber sufrido daños producto del incendio avaluados en $784 millones y $3.225 millones, respectivamente.

Agrícola San Enrique Bucalemu Limitada, vinculada al empresario José Ignacio Castillo Errázuriz, también presentó una acción judicial a fin de conseguir una reparación económica. En su demanda sostuvo que el Fundo Santa Rosa de Bucalemu -que resultó afectado- “ha estado bajo el dominio de mi familia desde hace casi 400 años, lo que las vuelve un lugar muy significativo para mí y mi familia”.

“Previo al incendio que terminó por destruir la propiedad de mi representada, había una plantación de 250 hectáreas de eucaliptos a dos años de ser cosechada, una plantación de 93 hectáreas de uva vinífera con contrato de venta vigente, 450 lotes de 5.000 m2 en proceso de venta como parcelas de agrado para personas con altos niveles de ingresos, 21 km de cerco agrícola, un tendido eléctrico de 6,5 kilómetros, 500 ovejas de alta genética, entre múltiples otros activos”, aseguró.

En el mismo escrito advirtió que la producción vinífera “estaba comprometida” para su venta a RyR Wine -de propiedad de Raimundo Valenzuela- y que producto del incendio perdió la totalidad de las ovejas alta genética de raza Merino y Suffolk Down que eran criadas al interior del predio.

A la fecha, en tribunales se ventilan tres juicios en contra Agrícola Fundo Bucalemu por $4.190 millones. Todos los casos están recién comenzando y la demandada ha comenzado a desplegar su defensa. Pero en nuestro país no es la primera vez que enfrenta problemas. En 2013, Ciper publicó un artículo en la que un grupo de pequeños propietarios agrícolas denunciaba a la empresa de efectuar una tala ilegal de bosque nativo en Chiloé.

CLAG es representada por los abogados Luis Eduardo Toro, Arturo Fontecilla y Nicole Nannig del estudio Barros y Errázuriz. El martes pasado contestaron la demanda que presentó Agrícola San Enrique.

La respuesta de la agrícola vinculada a la Universidad de Harvard y que da luces a como enfrentará estos juicios es categórica: “El incendio en cuestión no tuvo su punto de origen en el lugar indicado por el Demandante, ni en ningún otro de propiedad o en la franja de servidumbre de nuestra representada, y que el siniestro no fue causado por alguna acción u omisión atribuible a nuestra representada o su línea eléctrica”.

A su juicio, “el aumento de los incendios forestales se ha dado de manera sostenida en nuestro país en las últimas décadas, coincidentemente con el fenómeno del cambio climático y la extensa sequía en la zona central de nuestro país. Con ello, hemos visto una serie de estudios de abogados y otros de ejercicio independiente, han reforzado sus áreas de práctica de delitos ambientales y, en paralelo, se han abocado a perseguir la responsabilidad civil derivados de los mismos”. Se trata de una “industria de litigios por incendios", remató.

Según consta en el sistema de revisión de causas del Poder Judicial, dijo la demandada, los abogados que patrocinan las tres demandas en su contra (Arturo Correa y Raimundo Pérez), “son también abogados de decenas de acciones civiles de indemnización de perjuicios derivadas de distintos incendios”. De hecho, ambos fueron quienes demandaron a CGE por los incendios de 2016-17. La contestación sostuvo que ellos “citan y utilizan la gestión del mismo informante, el Ingeniero Civil Eléctrico, Alejandro Luco Pozo, como la persona que ratifica y confirma las causas del inicio de los incendios ocurridos en la Región de O’Higgins”.

“Nuestra representada no solo cumplió con su deber de diligencia en lo relacionado al mantenimiento de sus instalaciones en buen estado, sino que además adoptó medidas para evitar la propagación del incendio una vez que éste comenzó”, remató la demandada.

Frente a las acusaciones, Arturo Correa sostuvo que “más que una industria, esta es una especialidad judicial que legítimamente ejercemos ante la falta de diligencia de algunos operadores eléctricos, que buscando maximizar a toda costa sus utilidades, ahorran recursos en la mantención de sus instalaciones, lo que termina generando incendios con devastadoras consecuencias para las personas y el medio ambiente. Este caso es particularmente llamativo, ya que detrás de la negligencia eléctrica que causó el incendio San Guillermo está un fondo de inversión que públicamente dice orientarse por un alto compromiso ético y de sustentabilidad”.