El debate que se abre entre abogados tras la decisión del gremio de exigir afiliación obligatoria para ejercer la profesión

“Por medio de la presente, y con profundo dolor, me veo en el deber moral de presentar mi renuncia, con efecto inmediato, al Colegio de Abogados de Chile que usted preside”. Así comienza la carta que Enrique Alcalde Rodríguez, abogado integrante de la Corte Suprema y marido de la candidata a constituyente del Partido Republicano Teresa Marinovic envió hoy al presidente del gremio, Héctor Humeres.

Alcalde tomó está decisión luego de que ayer, en un acuerdo que varios califican de histórico, el consejo general del Colegio de Abogados de Chile decidiera, por 17 votos contra uno, restablecer la colegiatura obligatoria para el ejercicio de su profesión. La determinación gremial ya está tomada y ahora falta que den a conocer formalmente su propuesta a los constituyentes -muchos de ellos probablemente sean abogados- para que quede plasmada en la nueva Constitución.

La idea de reponer la colegiatura obligatoria -eliminada por la Constitución de Augusto Pinochet en 1980- fue presentada el año pasado por las listas de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y la Asociación de Abogados Libertades Públicas. Se sumaron luego los consejeros oficialistas y fue respaldada por el presidente del gremio, Héctor Humeres. Este último explicó que la decisión se fundamentó básicamente “por el control ético que tiene que tener la profesión, y estimamos que la única forma de ejercerlo bien es a través de los abogados, por los pares”.

Sin embargo, Alcalde dice que “tales exigencias pueden ser alcanzadas por otras vías que no impliquen impulsar normas que, como aquella que se pretende, violan nuestros derechos fundamentales –anteriores y superiores a cualquier regulación positiva– y que incluso se hallan reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo Artículo 20 previene que ‘nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación’”.

La Tercera PM preguntó su parecer ante la determinación del Colegio de Abogados a otros 13 profesionales. La mayoría tiene una postura clara y, contrario a Alcalde, piensa que lo decidido por el Colegio de Abogados va en la línea correcta.

Para la penalista Joanna Heskia, quien representa al empresario Carlos Cardoen y defendió al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, esta es “una excelente idea y un anhelo de muchos de nosotros. El rol de ser parte del sistema que imparte justicia requiere del control entre pares, sobre todo habida cuenta de que en el gran porcentaje de los casos existe un claro desbalance de poder entre abogado y representado”.

El penalista Cristián Muga, quien defiende a los directivos de Enap por el caso de contaminación en Quintero, aseguró que es “indispensable generar instancias de regulación para garantizar la calidad en el ejercicio de la profesión. La colegiatura obligatoria va en ese sentido y, de aprobarse, permitirá asegurar control ético y un mínimo de competencia profesional, en un mercado legal que crece exponencialmente sin ningún mecanismo que asegure a los usuarios un nivel mínimo de calidad”.

Leonor Etcheberry, académica, abogada integrante de la Corte Suprema y expresidenta del Colegio de Abogados, indicó que esta es la concreción de una gran aspiración que tuvieron muchos consejeros. “Me parece que es la decisión más importante que el consejo ha tomado en los últimos tiempos”, dijo. Cree que con esta medida se va a mejorar la calidad del ejercicio de la profesión, ya que plantea que el control ético garantiza que los clientes de los abogados van a ser tratados y defendidos adecuadamente, y que los colegiados podrán defenderse de denuncias infundadas.

La abogada y diputada PC Carmen Hertz, en tanto, aseguró que “esta resolución del Colegio de Abogados me parece absolutamente indispensable, es necesario que la colegiatura pueda ser obligatoria, ya que obedece a controles éticos”. Cree que la Constitución de Pinochet lo que hizo fue debilitar hasta al extremo las organizaciones gremiales, en particular el Colegio de Abogados o el Colegio Médico.

“En el Consejo del Colegio de Abogados nos ha parecido que la absoluta desregulación vinculante en relación con el control ético de los abogados y otras materias relativas al ejercicio profesional ha importado un menoscabo a la profesión de abogado, su fiscalización ética, la defensa de abogados ante autoridades y tribunales ha dificultado en ciertos casos el acceso a la justicia, y también ha impedido que el colegio sirva a los abogados como un foro de formación continua y de canalización de inquietudes gremiales legítimas en un ente representativo de alcance regional y nacional”, explicó Luis Alberto Aninat, abogado, miembro del consejo.

Matías Kunsemuller, quien representó a Jaime Anguita, absuelto por el homicidio de su mujer, Viviana Haeger, dijo que no le molesta la colegiatura obligatoria en la medida en que se trate de un gremio que represente a todos los abogados. Esto, ya que es de la idea de que el ejercicio de la profesión debe estar sometido a criterios y reglas éticas de parte de los pares. “Estar colegiado y sometido al control ético, para efectos de un cliente, sería una suerte de timbre que pudiera ser una referencia en cuanto a la calidad del profesional, de la calidad, de la conducta ética”, planteó.

Además, hizo una apreciación en relación al trabajo del Ministerio Público: “Si los fiscales también estuvieran sometidos al control ético del Colegio de Abogados, podría ser una herramienta útil destinada a denunciar. Los amparos profesionales servirían para hacer efectivas responsabilidades en contra de las actuaciones arbitrarias, inconsultas y completamente infundadas de varios fiscales”.

Por su parte, para el abogado experto en derechos humanos Francisco Cox, la colegiatura obligatoria de los abogados “es un paso positivo y necesario, toda vez que así se le dotaría a el Colegio de Abogados de un poder de supervisión ética sobre todos los y las abogadas que hay en el país y, asimismo, les pediría a esos abogados y abogadas que se mantengan al día con los conocimientos jurídicos y, por lo tanto, brinden un servicio de calidad a las personas que representan”.

Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, sostuvo que habría sido bueno socializar entre quienes ya están colegiados para poder tener un espacio de debate sobre esta materia. Agregó que “también es una necesidad que ante una eventual propuesta de esa naturaleza, el colegio tenga una solidez y sea robustecido en términos estructurales de manera suficiente para que el esperado control ético que se debe tener en relación con el ejercicio de esta profesión sea legítimo para quienes son sometidos a él”.

Según el abogado del Presidente Sebastián Piñera en causas penales vinculadas a violaciones a los derechos humanos y a la pandemia por Covid-19, Samuel Donoso, la decisión del gremio es acertada. “Es importante que quien ejerce la profesión esté adscrito al Colegio de Abogados y tenga ahí un control ético, eso para resguardar la garantía y los derechos de los clientes y también del abogado. A veces aparecen abusos por parte de ciertos abogados en el ejercicio de la profesión, ejerciéndola de manera poco ética, y en esos casos el ideal es que estén colegiados para que tanto los clientes como los otros abogados que puedan ser afectados por sus actividades puedan llevarlos a un control ético y a una eventual sanción ante la colegiatura”, explicó.

De igual forma, el abogado Miguel Schurman, de Libertades Públicas, señaló estar a favor de la colegiatura obligatoria, una postura mayoritaria entre los abogados consultados. A su juicio, esto propicia un “control ético efectivo para la profesión”. En la misma línea, Matías Insunza Tagle, consejero del Colegio de Abogados en representación de Libertades Públicas, sostiene que “no es un tema de asociación, como algunos han dicho, se trata de entender que si estamos convencidos de que la profesión de abogados requiere estándares éticos, entonces debe necesariamente existir la colegiatura obligatoria, porque dejar que cada abogado de manera individual determine su propia ética no permite que esta se pueda exigir, controlar ni sancionar”.

María José Arancibia, socia de ObradorDigital.Legal, agrega que la colegiatura obligatoria, además, “es una práctica común en países desarrollados y en muchos en vías de desarrollo”.

La abogada María Elena Santibáñez, en todo caso, señala que “es efectivo que hoy hay casos de ejercicio abusivo y poco ético de la profesión, y que hace falta un mayor control, sin embargo, la posibilidad de imponer sanciones, sobre todo las de mayor gravedad, debiese corresponder a los tribunales de justicia”. Y agrega: “No creo que la solución sea establecer la obligatoriedad de la asociación, sino que debiesen incorporarse algunas modificaciones legales que permitan evitar y sancionar este tipo de prácticas, otorgando mayores facultades a los jueces”.

Una mirada distinta es la que tiene el abogado Carlos Quezada, también penalista, quien sostuvo que “lo que pretende el colegio es una suerte de “barra”, que en teoría funciona, pero solo funciona para los estudios grandes o de causas mediáticas, que no son ni el 1% de las causas que se tramitan en el país. Un modelo racional de incorporación gremial obligatoria necesita primero que nada acoger a los cientos de abogados que juran año a año, entregarles herramientas, de otra manera el Colegio de Abogados va a seguir siendo lo mismo de siempre, una burda tropa de la elite económica-financiera del país”.