El impensado “pacto” entre Gajardo y Chomali que reinstala a la Iglesia en la búsqueda de detenidos desaparecidos

Terminaba 2024 y, en medio de balances de gestiones, una fuerte polémica se instalaba en el corazón del gobierno. En esta ocasión la protagonista era la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien se enfrascó en un tenso cruce con el cardenal Fernando Chomali a propósito del proyecto de aborto libre que ha comprometido la administración del Presidente Gabriel Boric.

En ese entonces, las declaraciones no hacían más que subir de tono, evidenciando que las relaciones entre La Moneda y la Iglesia pasaban por uno de los momentos más tensos del último tiempo.

Pese a ello, y justamente en esos mismos días, Chomali estaba encabezando importantes conversaciones con otro representante del Ejecutivo, con miras a sellar un impensado “pacto” que lo posicionaría en el centro de una de las principales políticas públicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

Y es que al producirse una vacante en el Comité de Participación y Seguimiento de dicha iniciativa, el titular de la cartera, Jaime Gajardo, definió que el cupo debía asignarse a un representante de la Iglesia. Como pudo recabar este medio, la idea era que dicha institución religiosa volviera a tener un rol preponderante en la búsqueda interminable de cientos de familiares de víctimas de la dictadura.

Así, quienes conocieron de dichas tratativas aseguran que la máxima que instaló el secretario de Estado fue que personeros de la Iglesia debían servir no solo de puente con aquellos sectores que puedan tener información clave para los procesos -principalmente del mundo militar-, sino que también “interpelarlos moralmente” para que puedan entregar los antecedentes que por años pudieron haber mantenido en reserva. En términos prácticos, por ejemplo, podrían concurrir a Punta Peuco y sondear si alguno de los condenados que ahí residen pudiese colaborar.

Esto último considerando el rol fundamental que tuvieron representantes católicos en lo que fueron las comisiones Rettig y Valech en el pasado, y porque ahora, cuando creyentes implicados en casos de lesa humanidad viven las últimas etapas de sus vidas, podrían atravesar procesos de reconsideración y decidir aportar elementos aún desconocidos.

De esta forma, el 24 de diciembre, en medio de la tradicional misa de Navidad que se celebró en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, Gajardo y Chomali tuvieron un acercamiento clave. Ahí el ministro inició formalmente los diálogos con el arzobispo y se activaron todas las gestiones para que la Iglesia sea parte permanentemente de la citada política pública. Luego, además, se dieron cita la jornada del 6 de enero, donde ultimaron detalles que culminaron con la reciente presentación del sacerdote Tomás Scherz como integrante del Comité de Participación y Seguimiento.

Al abordar la determinación, el ministro Gajardo señala a este medio: “Todos sabemos el papel crucial que jugó la Iglesia Católica en defensa de los derechos humanos durante la dictadura, al apoyar y cobijar a las familias de las víctimas, así como en la conformación de las comisiones de verdad sobre las violaciones de los derechos humanos. Nos parece además que este compromiso de la Iglesia se ve reforzado con el hecho de que haya sido el propio arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, quien haya participado en la sesión en que el sacerdote Tomás Scherz se incorporó”.

En el mismo sentido, asegura que la mira y experiencia de la Iglesia en la materia será “muy valiosa” para el comité, dado que justamente es esa instancia la que debe garantizar un enfoque participativo y representativo en la ejecución del plan, promoviendo la transparencia, el diálogo y la inclusión de las voces de las agrupaciones de familiares y organizaciones vinculadas con los derechos humanos.

Así, reconoce que la alianza entre él, un militante comunista y el líder de la Iglesia Católica en Chile, da cuenta de que la búsqueda de verdad es transversal. “Esto ratifica que el trabajo en favor de los derechos humanos es una política de Estado que trasciende determinados puntos de vista, y nos encontramos en lo más importante que es la verdad y la justicia. Muchas de las víctimas eran militantes o simpatizantes comunistas o de otras organizaciones de izquierda, con o sin raigambre religiosa, cuyos familiares encontraron refugio o apoyo en la Iglesia Católica y otros credos, de manera que hay una historia de cercanía, particularmente en los sectores populares. De manera que no podríamos decir que son mundos contrapuestos”, sostiene.

“Asimismo, me parece que, como autoridades, el objetivo país nos hace dejar de lado cualquier diferencia o postura en otras áreas. Nos centramos así en lo trascendente que es este propósito ético que es la defensa y promoción de los derechos humanos. Además, hay que subrayar que la incorporación de un representante de la Iglesia al Comité de Seguimiento y Participación se suma al acuerdo que firmamos hace pocos días con la Pontificia Universidad Católica, también con el objetivo de aportar con el potencial de esa casa de estudios al Plan Nacional de Búsqueda”, complementa.