Tercera Sala de la Corte Suprema desestima “criterio Vivanco” por fallo de las isapres

Como un verdadero batatazo. Así se sintió en la esfera pública el pronunciamiento emitido la tarde de este viernes por la Tercera Sala de la Corte Suprema respecto de los recursos de aclaración presentados en razón del fallo que ordena a las isapres devolver millonarios cobros en exceso y a ajustar sus planes a la tabla única de factores.

La resolución terminó por poner punto final a la discusión abierta por la hoy exvocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, quien señaló en una entrevista a La Tercera Domingo que sólo serían beneficiarios de la devolución de excedentes quienes habían demandado a sus prestadores de salud.

Los ministros integrantes determinaron por unanimidad rechazar las seis solicitudes de aclaración presentadas por las isapres Banmédica, Vida Tres, Cruz Blanca, Colmena y Nueva Masvida, además de la Superintendencia de Salud, estimando que “no hay nada que aclarar”.

A juicio de los integrantes de la Tercera Sala, como expresaron en las respectivas resoluciones, cada punto consultado estaba resuelto en la sentencia o versaba sobre aspectos que no son materia de la misma y, por tanto, no podían ir más allá.

Con su pronunciamiento, de paso, los magistrados derribaron de lleno la tesis explicitada por la otrora vocera -quien no asistió a la sesión por encontrarse con permiso-, pues ratificaron que el dictamen tiene efecto generales y no sólo sobre quienes judicializaron sus casos.

“La Tercera Sala de la Corte Suprema ha resuelto todos los escritos de aclaración que han sido presentados en los respectivos procesos y los ha rechazado. En consecuencia, se mantienen los fallos en los términos en que fueron pronunciados (...) No hay nada que aclarar”, comunicó el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, tras la discusión que se extendió por alrededor de cinco horas.

Integrantes del máximo tribunal consultados por La Tercera explicaron que el fallo de finales de noviembre dejaba en evidencia que los ajustes debían hacerse a quien recurría a tribunales y a todos los afiliados a quienes se les hubiese aplicado una tabla declarada ilegal, y eso es lo que vino a remarcar la Tercera Sala con su nuevo pronunciamiento.

Por lo mismo, concuerdan las mismas fuentes, la interpretación dada por Vivanco generó tanta polémica y se terminó por quitarle piso.

Es más, aunque al presentar su renuncia a la vocería ante el ministro Juan Eduardo Fuentes, el miércoles 7 de junio, la magistrada puso énfasis en el apoyo que le habían expresado sus pares de la Tercera Sala, fueron estos mismos quienes terminaron desestimando su criterio.

Ayer, en la Tercera Sala estuvieron presentes al momento de resolver los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y el abogado integrante Pedro Águila.

En particular, respecto del escrito enviado por el gobierno a través de la Superintendencia de Salud, la resolución de los ministros indicó: “No existiendo puntos dudosos y oscuros que aclarar al tenor de lo solicitado, no ha lugar”.

Aquello, de acuerdo con la argumentación, se funda en la parte resolutiva del fallo, que mantiene en punto de quiebre al sistema de salud privado, pero esencialmente en los considerandos, pues de ahí se desprende el carácter general del dictamen.

Sobre este último punto resulta clave el considerando N° 27, que sostiene que “para dar adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleada por la recurrida, con pleno respeto del principio de igualdad consagrado en la Constitución, esta corte deberá declarar como ilegal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general para todos los contratos individuales de salud que administra y a los que aplica, ordenando las medidas que se indicarán en lo resolutivo para restablecer el imperio del derecho”.

Los ministros interpretaron, entonces, que cada resolución que dictaminó que una tabla de factores aplicada a un afiliado en particular es ilegal, necesariamente debe ser extendida a todos los contratos en que la misma es utilizada.

Así, correspondería que a todos los miembros de la cartera a quienes se les ajustó su plan conforme a esa tabla declarada ilegal se les haga el cambio correspondiente de acuerdo a la tabla única de factores dictada en 2020 por la Superintendencia de Salud. Y luego, que a todos los que se les haya cobrado de más por lo antes descrito, se le restituya el dinero vía excedentes. Todo, bajo la supervigilancia de la entidad liderada por Víctor Torres.

En La Moneda, donde lo expresado por la ministra Vivanco había no sólo dado un golpe al ministro de Justicia, Luis Cordero, quien había hecho otra interpretación del fallo, sino que puso en suspenso la tramitación de la llamada “ley corta de isapres” que buscaba dar cumplimiento al pago de excedentes mal cobrados por los prestadores privados, se respiró con alivio.

Cordero, expresó que la determinación de los jueces “ha sido explícita sobre la interpretación original de esta sentencia, más allá de las discrepancias que algunos puedan manifestar sobre ella”.

“Lo que es bien relevante, sobre todo en el contexto del debate, es que para resolver cada uno de los puntos de la aclaración, la corte ha citado todos los considerandos respectivos. Esto es bien relevante, porque creo que parte del debate público ha confundido en analizar parcialmente la sentencia, la parte resolutiva, sin tener en consideración la explicación”, comentó.

El secretario de Estado agregó que, en lo que viene, “el proyecto de ley se hace indispensable. La corte dio un plazo de seis meses, eso se cumple a finales de noviembre y, por lo tanto, existe ese plazo para la tramitación de esa ley”. Y es que mediante esa fórmula, a juicio de Palacio, es que se podrá dar adecuado cumplimiento a la sentencia, garantizando, insistió Cordero, “protección a los afiliados y al sistema de salud”.

En paralelo, el superintendente de Salud, Víctor Torres, indicó que “al confirmarse este efecto general, se termina con una serie de interpretaciones que se han dado hasta el día de hoy, lo que permite entregar certezas a las personas y a nuestra superintendencia, en el sentido del trabajo que hemos estado realizando durante todo este tiempo”.

“Lo que corresponde ahora es continuar con la labor que hemos realizado y esperar que siga avanzando el proyecto de ley en el Congreso”, enfatizó.

Desde las isapres no se quisieron referir públicamente -hasta el cierre de esta edición- a lo ocurrido este viernes.

Tras los dichos de Vivanco del domingo pasado, la impresión inicial de los directivos de las prestadoras de salud fue que se despejaba una de las problemáticas que ven en la implementación del fallo de la Corte Suprema, ya que el monto de US$ 1.500 millones que calcula el regulador que tendrán que devolver sería menor.

Pero evitaron pronunciarse hasta que la interpretación de Vivanco fuera refrendada por la Tercera Sala.

Por eso, este viernes, luego de lo anunciado por la Suprema, nuevamente hubo sorpresa en la industria. Desde las isapres aseguran en reserva que si bien el máximo tribunal no aclaró nada, estiman que habría enviado la señal de que esto aplica solo para los casos que demandaron, ya que en la vocería y posterior comunicado se destaca que se “mantienen los fallos en los términos en que fueron pronunciados para los casos en que se dictaron”. Por eso también critican los dichos del gobierno, que salió a reafirmar que esto “es general para los afiliados”.

La decisión de la Tercera Sala de la Suprema, en tanto, fue celebrado entre parlamentarios oficialistas.

“Eso refuerza lo que teníamos claro desde un principio, que las isapres deben devolver los dineros a sus afiliados”, señaló la diputada PS Danisa Astudillo, mientras el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre expresó: “Me parece muy contundente la respuesta de la Tercera Sala”.

“Estamos muy satisfechos, porque la corte acogió los argumentos que presentamos la semana pasada. Ahí sostuvimos la improcedencia del recurso de aclaración, porque no existía ningún punto dudoso sobre el efecto general del fallo”, expresó, por su parte, el jefe de bancada de diputados del Partido Comunista, Luis Cuello, quien, junto a su par comunista, Daniela Serrano, enviaron un escrito con un “téngase presente” al máximo tribunal.

Además, Cuello -quien durante la semana informó que estaba evaluando la posibilidad de un libelo contra la ministra Vivanco- expresó que, dado que ella se restó de la última resolución, “pierde sentido una acusación constitucional”.

Pese a ello, se mantuvieron algunas posturas aisladas dentro de la izquierda que insistieron en la posibilidad de iniciar un juicio político contra la magistrada.

“Esto deja allanado el camino para fortalecer la acusación constitucional que ya estamos articulando varios parlamentarios y parlamentarias y que será presentada en los próximos días”, comentó, por ejemplo, el diputado Hernán Palma (independiente exhumanista).