Formalizan al general (r) Óscar Izurieta por lavado de activos

oscar izurieta

La indagatoria del Ministerio Público cuestiona la adquisición de una propiedad con dineros que se habrían desviado desde el Ejército. El fiscal Marco Muñoz Becker aseguró que el imputado aprovechó "el sistema tributario para declarar dineros que se habían recibido a título de gasto reservado".


En el 7º Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló este miércoles la audiencia de formalización de la investigación respecto a ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer, imputado por el delito de lavado de activos.

El general(r) quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse con personas involucradas en el caso.

El 14 de febrero de 2022, la entonces ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, sometió a proceso a Izurieta Ferrer como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar por el uso de gastos reservados de la institución. El general en retiro fue responsabilizado por el mal uso de fondos asignados al Ejército por un monto superior a los $6.300 millones entre marzo de 2006 y marzo de 2010.

Ese es el delito base y esa investigación permanece en la Justicia Militar, explicó fiscal Marco Muñoz Becker, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Los Lagos, precisando que el Ministerio Público solo está abocado a la arista respecto al lavado.

¿De qué acusó el Ministerio Público a Izurieta Ferrer?

La indagatoria apunta a que el exmilitar realizó una serie de maniobras con miras a ocultar el origen ilícito de parte de su patrimonio. Muñoz expuso que “existía un cierto mecanismo metódico, a través del cual se usaban gastos reservados para uso de indebidos, entre ellos un concepto denominado apoyo a ex comandantes jefes del Ejército y consistía básicamente en el pago de una mensualidad en dinero en efectivo que se entregaba por mano en un sobre cerrado”.

La formalización dice relación con haber recibido a título de mensualidad, como apoyo a este comandante en jefe, entre 61 a 77 millones de pesos para el pago de cuotas de crédito hipotecario por caja de un inmueble que fue destinado a arrendamiento durante todo el tiempo, por lo tanto fue generando utilidades y ganancias sucesivamente que fueron incrementándose con el tiempo, llegándose a una estimación total de cerca de 170 millones de pesos”, detalló el fiscal.

El persecutor indicó que “es en el contexto de esa investigación de lavado de activos que se hace esta imputación, por el concepto del pago de mensualidades que se hace a los ex comandantes en jefe con gastos reservados”.

Respecto al método utilizado para lavar, o la modalidad de lavado, el fiscal afirmó que “no solamente se usa con ánimo de lucro este dinero, adquiriendo un inmueble y generando rentas a partir de aquel, sino que también se usa el sistema tributario para declarar dineros que se habían recibido a título de gasto reservado, que no habían sido declarados en sus declaraciones de renta al año respectivo”.

La finalidad, explicó Muñoz, fue “obtener cierta validación del sistema del Servicio Impuestos Internos, de que dichos montos se encontraban con impuestos pagados y en consecuencia se atribuye como una conducta de legitimación de dineros ilícitos”.

El fiscal sostuvo que la investigación es dinámica, se está iniciando el proceso de imputación de persecución penal a través de la formalización y “no se descarta que se puedan formalizar a otras personas”.

¿Qué dijo la defensa?

Tras la audiencia, que duró 28 minutos, Alejandro Godoy, abogado del exjefe militar, valoró que se hayan impuesto medidas cautelares de baja intensidad a su defendido.

“Ahora, en el transcurso de la investigación nosotros nos encargaremos de desvirtuar los hechos que expuso la fiscalía. Nos parece proporcional la medida pedida”, indicó explicando que hay ciertas personas con las que Izurieta tendrá prohibido contactarse y asegurando que “se va a cumplir correctamente” con aquello.

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