Tohá cuestiona reivindicación de ataque en Victoria y dice que comuneros trasladados están presos por delitos “gravísimos”
“Las personas que cometieron homicidio, las personas que venden cosas robadas, las personas que trafican droga, eso no es un comportamiento ni un pensamiento político. Eso es un delito que en cualquier sociedad mínimamente civilizada debe ser perseguido y debe ser sancionado”, afirmó.
“Si no hay traslado inmediato, si no hay soluciones a nuestros presos políticos mapuche, no habrá paz en el territorio”, señala un lienzo con la firma del grupo Resistencia Mapuche Malleco encontrado tras un ataque incendiario en el que el agricultor Fernando de Celis, de 66 años de edad, resultó herido por un impacto de bala. El escrito alude a los presos de Angol que fueron trasladados a otras regiones luego del motín del 7 de mayo en el módulo indígena del penal.
De visita en la Región de La Araucanía, tras una reunión del Gabinete Regional, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó el tema en un punto de prensa, haciendo un paralelo entre ese hecho y su participación en la inauguración del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) 2023, en que hizo un llamado a reconstruir confianzas en la región.
“Es particularmente infeliz que mientras teníamos este momento de diálogo, simultáneamente se desarrollara un atentado como el que sucedió en la comuna de Victoria. Es un atentado que nos preocupa en primer lugar porque hay una persona herida”, expresó Tohá, lamentando lo ocurrido con el agricultor y manifestando su intención de visitarlo en la jornada para conocer en detalle su condición.
El ataque ocurrió en el sector de Inspector Fernández, en el Fundo La Huacha. Los responsables del hecho irrumpieron armados y vestidos con ropa de camuflaje, obligaron a una familia a salir de su casa para luego incendiar el inmueble. Además, quemaron galpones, maquinaria y robaron un vehículo.
“Nos preocupa porque, además, hay un daño importante a lo que es la actividad económica. Y en tercer lugar, nos preocupa porque los que perpetraron este acto lo hacen con un llamamiento que vienen haciendo en todos los últimos atentando graves que ha habido en la región y es que justifican su accionar por solidaridad con los presos que están en traslado, definiéndolos como presos políticos mapuche”, planteó la autoridad de gobierno.
“Queremos decir y aquí estamos personas que toda la vida hemos peleado contra la prisión política, que las personas que fueron trasladadas, fueron trasladadas porque secuestraron a un grupo de gendarmes, que son funcionarios públicos y están cumpliendo con su trabajo. Y están en la cárcel porque tienen condenas o prisión preventiva por delitos que son gravísimos y que no tienen nada que ver con conductas políticas”, recalcó la ministra.
Tohá enumeró los delitos de los reos, a los que se les imputa el secuestro de los funcionarios penitenciarios retenidos en el motín. Tras ese incidente, el Departamento de Control Penitenciario dispuso el traslado de los cabecillas: Fabián Llanca Nahuelpi y Juan Queipul Millanao a Rancagua, Hanthu Llanca Quidel y Máximo Queipul Huenchullán al Biobío y Joaquín Huenchullán Queipul y Freddy Marileo Marileo a Puerto Montt.
“Son seis personas las que ocasionan esta ‘solidaridad’ a través de estos actos, de estos ataques violentos”, explicó, precisando que tres están condenados y otros tres cumplen con una medida cautelar de prisión preventiva en el marco de una indagatoria del Ministerio Público.
“Dos de ellos están por el delito de receptación, que es vender cosas robadas. Dos de ellos por homicidio. Uno de ellos por homicidio, receptación e incumplimiento de libertad vigilada. Y uno de ellos por homicidio, receptación, tenencia de armas y tráfico de drogas. Ninguno de esos delitos son delitos políticos. Todos ellos son delitos comunes, gravísimos. Delitos políticos son cuando se persigue a alguien por su pensamiento”, sostuvo.
“Las personas que cometieron homicidio, las personas que venden cosas robadas, las personas que trafican droga, eso no es un comportamiento ni un pensamiento político. Eso es un delito que en cualquier sociedad mínimamente civilizada debe ser perseguido y debe ser sancionado”, sentenció.
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