Aborto: Contraloría defiende reglamento y contradice al gobierno

Una férrea defensa al reglamento que regula la aplicación de la objeción de conciencia hizo ante el Tribunal Constitucional (TC) el contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Mediante un escrito -enviado el pasado viernes al organismo-, el ente contralor refutó uno a uno los fundamentos del requerimiento por inconstitucionalidad presentado por Chile Vamos en octubre pasado.

Los parlamentarios oficialistas alegan que la nueva normativa vulneraría una serie de derechos constitucionales de las instituciones privadas que mantengan convenios vigentes con el Estado -bajo el Decreto con Fuerza de Ley N°36-, las que, según el reglamento, solo podrán ser objetoras de conciencia "siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología".

Así, en el texto, la Contraloría reafirma la toma de razón que hizo del decreto y asegura que el instrumento se ajusta al marco normativo vigente y que, en ningún caso, vulnera derechos constitucionales.

En ese sentido, argumenta que lo alegado por los senadores oficialistas sobre una supuesta afectación de la autonomía de los cuerpos intermedios "carece de consistencia" en vista de que "son las propias instituciones privadas de salud las que voluntaria y libremente deciden suscribir" los convenios, "aceptando sujetarse a las prescripciones de ese cuerpo normativo", se lee en el escrito.

Asimismo, se asegura que no es atendible el argumento de que dichas entidades no hayan pactado lo establecido en lo sucesivo por la ley, puesto que "no estamos frente a contratos comerciales o civiles en que rija una invariabilidad absoluta sino que nos encontramos en el ámbito de la contratación pública".

En el mismo sentido, el documento contradice los argumentos que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera expuso la semana pasada ante el tribunal, asegurando que el instrumento, dictado por el propio Minsal, afectaría el derecho de libertad de conciencia consagrado en la Constitución.

"La institución de la objeción de conciencia, si bien tiene su antecedente en el mencionado derecho, constituye una institución excepcional", subraya el contralor. Y agrega que el ar- tículo que se impugna "no vulnera el derecho a la libertad de conciencia de las instituciones, pues el ideario de cada una de estas no resulta afectado, como tampoco perturba la esencia del derecho a manifestar la objeción de conciencia, toda vez que es ella la que libre y voluntariamente ha decidido someterse a un estatuto jurídico especial".

En la misma línea, el ente contralor desestima la idea de que el reglamento vulneraría la igualdad ante la ley consagrada en la Carta Fundamental. Esto, aludiendo a que si bien el instrumento hace una distinción entre los organismos privados que tienen convenios con el Estado y los que no los tienen, dicha diferenciación "no es un capricho", y "lejos de ser arbitraria, responde a la diferente situación jurídica en que pueden encontrarse las diversas entidades".

Con todo, el organismo advierte que los legisladores oficialistas estarían impugnando con su requerimiento más que el reglamento, el dictamen de la Contraloría, que interpretó, precisamente, que las instituciones privadas que mantengan convenios por DFL N°36 "sustituyen al Estado" en el cumplimiento de sus funciones, por lo que deben comportarse, en esta materia específica, como una entidad pública, las que -en ningún caso- pueden ser objetoras de conciencia.

En ese sentido, el contralor pone en duda la competencia del TC para revisar la materia. "Esta pretensión real y no la ficticia a que se alude debe ser resuelta en la sede correspondiente, que son los Tribunales Ordinarios de Justicia", dice el texto.

Con todo, más allá de lo expuesto en el escrito, la Contraloría se hizo parte del proceso y alegará este jueves, día en que el TC puso en vista la causa.

Por parte de Chile Vamos, en tanto, asistirá el jurista Jorge Barrera, mientras que el gobierno -dicen fuentes de La Moneda- optó por no poner abogados.

Desde la oposición acusaron al gobierno de haber enviado a sus parlamentarios a impugnar el reglamento ante el Tribunal Constitucional. "Lo que quiere el gobierno es impedir la ley de aborto en tres causales", dijo ayer el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro (PS), mientras que su par del Senado, Guido Girardi (PPD), acusó al Ejecutivo de un "doble estándar".