Ante críticas de Catalina Pérez al trabajo de fiscalía: parlamentarios defienden seriedad de la investigación en contra de la diputada

La diputada Catalina Pérez vuelve a estar en el ojo público por el caso Democracia Viva, que tiene como protagonistas a su expareja Daniel Andrade y a Carlos Contreras, exseremi de Vivienda que autorizó el convenio de más de 400 millones a la organización liderada por Andrade. Desde un principio se cuestionó el eventual rol que pudo tener la parlamentaria en las irregularidades por su vínculo amoroso y su antigua relación laboral con Contreras, quien se desempeñó como su jefe de gabinete. Sin embargo, en múltilples ocasiones la parlamentaria ha negado participación alguna. Postura que remarcó en conversación con La Tercera, ad portas de un proceso de desafuero en el marco de las acusaciones de la fiscalía en su contra por fraude al Fisco.

Más allá de defender su inocencia, y explicar el porqué aconsejó a Andrade poner en marcha una serie de acciones para que en el domicilio de la fundación “llevarán papeles para que parezca un lugar de trabajo”, acusó a la fiscalía de generar “un clima político y comunicacional en medio de un proceso judicial”.

En la entrevista con La Tercera también expresó: “Quiero dejar muy en claro que equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal, y eso es lo que busca hacer la Fiscalía. Ahora, en el marco de lo político, yo he pedido disculpas por los errores que he cometido y también he asumido grandes responsabilidades. Y he sido clara respecto de que no he cometido un delito, pero también a un año y medio puedo decir que he pagado duras consecuencias políticas por los errores que he cometido”.

Y agregó: “Mis adversarios políticos podrán hacer legítimamente un juicio político respecto de cómo yo actúo en el marco de una crisis comunicacional, pero cruzar eso con una investigación judicial es lo que que hace la Fiscalía por medio de filtraciones, y eso es impropio”.

Las declaraciones de Pérez que intentan instalar una especie de persecución sin sustento en su contra no cayeron bien entre parlamentarios, que duramente criticaron sus palabras.

La jefa de bancada Independiente-PPD, Camila Musante, afirmó que “cualquier acusación que elode o que ensucie la investigación también tiene que ser sostenida de manera seria”. En esa lína, instó a Pérez a elevar los antecedentes “de que está siendo perseguida políticamente” ante la justicia.

Por su parte, el parlamentario Rubén Oyarzo (IND), quien presidió la comisión Investigadora Convenios 2, señaló: “Creemos que el Ministerio Público está haciendo un trabajo serio respecto de esta investigación y desde el punto de vista político y judicial es la propia parlamentaria quien con sus acciones traspasó los límites. Veremos finalmente qué es lo que ocurre con la formalización y el desafuero de la diputada Pérez y esperamos que la justicia actúe sin ningún tipo de presión”.

En la UDI, el diputado querellante del caso, Juan Antonio Coloma criticó que “pareciera que el Frente Amplio y parte de la izquierda se está acostumbrando a querer disfrazar como un error político cualquier acción o delito en que eventualmente se ven involucrados”.

“Lo único relevante ahora, más que las declaraciones que parecieran ser manotazos de última hora, es que la investigación siga su curso y se determinen todas las responsabilidades de uno de los casos de corrupción más graves del último tiempo”, zanjó.

Asimismo, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI, también querellante, indicó que “desde hace mucho tiempo que debió haber sido formalizada, porque todos los antecedentes apuntan a que sí estaba al tanto de los delitos cometidos entre su entonces pareja y su exjefe de gabinete. Todo indicaría que hubo una triangulación entre los tres militantes del Frente Amplio”.