Corte Suprema deja sin efecto su decisión y declara admisible la reclamación de consejeros oficialistas

La sala especial de la Corte Suprema -que preside la ministra Andrea Muñoz y la integran además los ministros Jorge Dahm, Mario Carroza, Arturo Prado y María Cristina Gajardo-, no acogió el recurso de reposición presentado por el oficialismo. Sin embargo, resolvió lo siguiente: “Esta corte de oficio deja sin efecto la resolución de fecha primero de agosto del año en curso y, en su lugar, se declaran admisibles las reclamaciones deducidas”.

Luego de esta segunda resolución del máximo tribunal ahora los ministros deberán pasar a evaluar el fondo del reclamo. Para eso se le notificará a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (republicana), para que envíe un informe en un plazo de dos días. “En consecuencia, pídase informe a la presidenta del Consejo Constitucional”, se lee en la resolución.

En el documento, Hevia deberá “indicar lo pertinente respecto del vicio que se reclama, su carácter esencial o no, y referirse a los efectos del acto impugnado”.

En ese mismo documento -que está siendo redactado por la secretaría técnica del proceso- deberá designar al abogado que represente al Consejo para alegar en contra de la reclamación. Si bien en un inicio se pensó que el abogado podía ser el jefe de asesores de la bancada republicana, Jorge Barrera, se tomó la decisión que sea otro el abogado el encargado de litigar el caso. En el caso del oficialismo, el abogado patrocinante es William García.

Con esto, la sala pasará a resolver el fondo de la reclamación, donde se deberá probar que el “vicio que se reclama” es “esencial” y, además, se tiene que constatar claramente cuál es “el perjuicio que causa”.

Una vez recibido el informe, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, convocará a los cinco ministros a audiencia pública para escuchar los alegatos. Estas intervenciones no podrán exceder los 30 minutos.

Posterior a los alegatos, la sala tiene dos días para dictar la sentencia. El procedimiento de la Suprema estipula que todo el proceso de tramitación no puede prolongare por más de diez días hábiles desde que se ingresó la solicitud. Es decir, a más tardar el viernes de la próxima semana la reclamación deberá estar fallada.

Ante la nueva resolución de la Suprema, el consejero Yerko Ljubetic (CS) valoró la decisión de la sala. “Violencia, seguridad y la lucha contra la delincuencia hay que hablarlos en serio, la derecha no ha hecho esto. Ha presentado capítulos solo con una perspectiva de efectismo comunicacional. Nosotros estamos trabajando seriamente en este tema, presentando enmiendas que no son efectistas, sino que son efectivas y eficientes para tener un texto constitucional que contribuya a la lucha contra estos grandes problemas”, afirmó el representante de la región Metropolitana.

En tanto, la oposición criticó a la izquierda por llevar este tema al máximo tribunal. “Invito a los consejeros de gobierno a ser un poco más empáticos, a ponerse en el lugar de las víctimas de la delincuencia y a reiterar esta reclamación. A la hora de tomarnos en serio los problemas que enfrenta el país, de ser de Chile un país más seguro, no puede haber bandos y tenemos que estar todos del mismo lado”, dijo el consejero republicano Antonio Barchiesi.

La tarde de este viernes, las bancadas del Partido Republicano y Chile Vamos enviaron dos oficios a la secretaría técnica para retirar todas las enmiendas que vienen en el segundo otrosí de la reclamación. Ese grupo de indicaciones no crean nuevos capítulos, pero el oficialismo alega que no indican específicamente los artículos precisos que se modifican y si agregan, reemplazan o suprimen aspectos de las normas originales. Fuentes de la oposición comentan que la idea es evitar que el reclamo eventualmente pueda ser acogido de forma parcial solo por esta parte de la reclamación oficialista.

La reclamación activada por los consejeros oficialistas invoca el mecanismo contemplado en el artículo 156 de la Constitución vigente. El escrito contiene 37 páginas y fue ingresado porque según la izquierda la creación de nuevos capítulos implicaría una infracción a las reglas del procedimiento que rigen al Consejo Constitucional.

En el texto, firmado por 14 consejeros de todo el bloque oficialista -desde el PS hasta el PC- se señaló: “Venimos en interponer reclamo por infracción a las normas de procedimiento establecidos en la Constitución y en el reglamento a que se refiere el artículo 153 de la Constitución Política de la República, contra el Consejo Constitucional, representado por su Presidenta, doña Beatriz Hevia Willer”.

La reclamación oficialista apunta a impugnar las enmiendas que crean tres nuevos acápites. Las indicaciones que ingresó la derecha pretenden crear tres nuevos capítulos. Republicanos y Chile Vamos presentaron indicaciones para tener una nueva sección sobre “Defensa nacional”, para alojar ahí las normas sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

Los republicanos, además, quieren tener un nuevo capítulo de “Paz, orden y seguridad interior”, mientras que Chile Vamos propuso uno similar, pero titulado “Seguridad pública”. La bancada RN-Evópoli, por su parte, presentó una enmienda para tener un acápite adicional para la Defensoría de las víctimas.