Crisis de las isapres escala hasta el comité político de La Moneda
Por más de dos horas este jueves se reunieron en Palacio la ministra de Salud, el superintendente de Salud y el director de Fonasa, con el Presidente Boric y el comité político, para exponer la situación en que se encuentra la industria tras el fallo de la Suprema sobre la tabla de factores.
Hace rato que las isapres vienen diciendo que están en una situación crítica. Desde el gobierno tenían claro que la industria no pasaba por su mejor momento, sin embargo, los niveles de preocupación no eran tan significativos.
Pero eso cambió después del fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Desde el Ejecutivo tienen claro que deben tomar cartas para que la aplicación del fallo no resulte en la caída de las compañías de un día para otro, con el consiguiente efecto perjudicial que tendría sobre los más de 3 millones de beneficiarios que hay en el sistema de aseguradoras privadas. Pero han repetido en varias oportunidades que no harán un salvataje de la industria, y que el foco es resguardar a los usuarios.
Bajo este escenario, este lunes el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi; se reunió con la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres; y el director de Fonasa, Camilo Cid, para conocer cuál es el escenario y estudiar posibles alternativas respecto del fallo de la Suprema.
Y este jueves el tema escaló al comité político que se realizó en La Moneda. Así, hasta Palacio nuevamente llegaron las autoridades del área de la Salud: la ministra Aguilera, el superintendente Torres y el director de Fonasa, para presentar la situación al Presidente Gabriel Boric.
Más de dos horas duró la cita en la que también estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Mario Marcel; del Trabajo, Jeannette Jara; la ministra del Interior, Carolina Tohá; y la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte. En el encuentro también participó de manera telemática, desde Valdivia, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Si bien en la instancia no se tomó una definición respecto al modo en que se abordará el tema, sí se plantearon distintos caminos posibles. En ese sentido, más allá de lo que se pueda hacer por la vía administrativa, una de las ideas que se está evaluando es la presentación de una ley corta.
Las isapres tienen claro que no pueden hacer mucho sobre el asunto, y que ahora la continuidad del sistema está en manos del gobierno. Aseguran que esto requiere de política, porque ya dejó de ser una cuestión técnica, y que si desde el Ejecutivo no entienden que se necesita una resolución rápida, el problema que se podría generar sería mayor. En todo caso, creen que el gobierno está entendiendo la gravedad de la situación, y reflejo de ello, señalan, es que el tema llegó esta semana a La Moneda.
Un ejecutivo de la industria comenta que el fallo de la Suprema es “la vida o la muerte”, porque si se interpreta de la manera más ácida, ninguna isapre queda en pie, pero de todas formas señala que la autoridad tiene las herramientas para poder salir de esta situación de buena manera. Ahí será clave la interpretación administrativa que se haga del fallo y los plazos que se propongan para la eventual devolución de montos que deban hacer las isapres, o en su defecto, el proyecto de ley que pudiese impulsar el Ejecutivo en el Congreso.
Por ahora, la primera propuesta oficial la hicieron algunos parlamentarios durante este miércoles. En concreto, los senadores del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, junto a los senadores de Chile Vamos, Rodrigo Galilea (RN), Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI), presentaron un proyecto de reforma constitucional para cumplir con el fallo de la Suprema, pero que al mismo tiempo no signifique terminar con el sistema.
En la reforma plantean que las isapres puedan cambiar el precio base del plan de salud, para que así cuando modifiquen la tabla de factores según lo instruyó la Suprema, haya una devolución a los afiliados que sería bastante menor o inexistente dependiendo del caso. Sin embargo, al menos hasta este miércoles, dicha fórmula no era bien vista por el gobierno.
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