Democracia Viva: las cinco claves de la declaración de Carlos Contreras ante la Fiscalía

Siete horas. Ese tiempo se extendió la primera declaración del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, sobre el caso de Democracia Viva, con el que salieron a la luz los líos de platas políticas.

Ante el fiscal de Antofagasta Cristian Aguilar, que lleva adelante la arista de la fundación que lideró Daniel Andrade, el pasado 16 de enero la exautoridad entregó su versión de los hechos. En ella, según publicó La Segunda, asegura que sufrió presiones de Verónica Serrano, tía del jefe de asesores, Miguel Crispi, y que se desempeñó como jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios, y también, que Presidencia recibió un informe antes de que estallara el caso.

A continuación, cinco claves de su declaración:

En su declaración, la exautoridad del Minvu aseguró sobre su relación con la fundación Democracia Viva: “No tenía una relación cercana con ellos, sino que simplemente estaba buscando organizaciones que pudieran ejecutar el programa de Asentamientos Precarios, entendiendo que tenía presión desde el nivel central para cumplir con estos objetivos”.

Así mismo, sobre su conocimiento de los miembros de Democracia Viva, dijo que “tenía claridad de dos militantes de Revolución Democrática. Conocía a Daniel Andrade desde que él fue parte de la directiva nacional del partido y yo parte de la directiva regional del partido, conocía a Carolina Pérez, actual subsecretaria de Patrimonio, desde que ella fue parte del gabinete del senador (Juan Ignacio) Latorre, misma época que yo fui jefe de gabinete de Catalina Pérez. Por mis redes sociales tenía conocimiento de la existencia de esta fundación, no siendo amigo de ninguno de los dos, más allá de la camaradería que uno tiene dentro del ámbito político y sus contactos los tengo así como tengo los contactos de la mayoría de los participantes de Revolución Democrática ya que fui parte de la directiva”.

Contreras también acusó presiones de Verónica Serrano: “Tenía presión desde el nivel central para cumplir con estos objetivos, quiero hacer hincapié que (de) ninguna otra autoridad del Ministerio recibí el nivel de presión que recibí desde Verónica Serrano, en ningún tema, ni del ministro, ni de la subsecretaria, ni de ninguna otra jefatura. Realizó dicha presión en la reunión de julio del 2022, de manera permanente a través de Yasna Contreras (encargada del Serviu de Antofagasta) que presionaba a mis equipos, lo hizo de manera telefónica y finalmente lo hace por escrito en el email del mes de septiembre del 2022. Siempre con la idea que por el alto monto asignado a Antofagasta, monto que no participé ni solicité, recaía la eficiencia del gasto del programa a nivel nacional”.

En cuanto al nivel de conocimiento que había de la situación a nivel central, es decir, la subsecretaria Tatiana Rojas y la encargada del Programa de Asentamiento Precarios, el exseremi dijo que estaban al tanto: “La regularidad del proceso es lo que se me transmitió a nivel central y regional, a tal punto, que con todos los procesos posteriores, la auditoría que realizó la subsecretaria en diciembre del 2022, la auditoría que realicé yo a partir de febrero del 2023, el ordinario 584, con que le respondí a la subsecretaria en mayo del 2023, el informe de Ricardo Trincado (ex jefe de Asentamientos Precarios) en junio del 2023 y en el informe que la subsecretaria (Rojas) realizó y envió a Presidencia con mi colaboración entre los días 5, 6 y 7 de junio del 2023, se expresan y entienden como regulares todos los procedimientos asociados al programa de Asentamientos Precarios realizados por los equipos a nivel nacional y en Antofagasta”.

El informe al que hizo alusión Rojas “habría dado cuenta a Presidencia de que el Ministerio de Vivienda, en todos sus niveles, consideraba apropiados estos procedimientos, entiendo que dicho informe no está en la carpeta investigativa y parte de mis pruebas son mis conversaciones por WhatsApp con la subsecretaria Tatiana Rojas. Conversaciones que dan cuenta de que durante al menos dos días elaboró dicho informe y que termina con la expresión de la subsecretaria “ya está enviado” y un poco más abajo me indica: “Ahora hay que esperar qué dice La Moneda””.

“Para mi este informe da cuenta de que los procedimientos eran propios a nivel nacional del programa de Asentamiento Precario, muy posiblemente también indicaría la responsabilidad de Verónica Serrano, ya que la subsecretaria habría detectado falencias, las que posteriormente fueron corroboradas por la Contraloría General de la República”, dijo.

En su declaración, Contreras relata que al poco tiempo de su llegada, los equipos de finanzas y del área jurídica le indicaron que había “una problemática crítica respecto al programa (de Asentamientos Precarios), ya que habían 25 convenios que se debían ejecutar y ya estaban sobrepasadas en su trabajo, lo que se agravaría, ya que por comentarios de SERVIU, se triplicaría el trabajo por realizar del Programa de Asentamientos Precarios, ya que en julio vendría una avalancha de convenios que revisar, realizar resoluciones y realizar las revisiones técnicas y financieras”.

En este punto, el exseremi vuelve a apuntar a Serrano: “Este programa de Asentamiento Precario es una de las principales acciones de política pública, definida desde nivel central y dependiendo del Programa de Asentamientos Precarios a cargo de doña Verónica Serrano a nivel nacional y su jefa regional de Antofagasta es Yasna Contreras. A través de este espacio se ejecutan diversos programas en los campamentos, siendo los más numerosos los de habitabilidad primaria, los cuales se ejecutaban principalmente, a través de organizaciones sin fines de lucro, como las fundaciones”.

Contreras dice que existía una “sobrecarga administrativa de las jefaturas correspondientes”. El año 2020, por ejemplo, Contreras aseveró que el SERVIU había solicitado “alrededor de 2 mil millones a ejecutarse el 2021, pero dicha ejecución se realizaría hasta mediados del 2022, estando ello en ejecución (en) SERVIU”.

Dice que antes de su llegada, para la ejecución del presupuesto en 2022, dicha repartición había pedido $7.100.000.000 más: “Hago hincapié que, no obstante, se pidan por SERVIU dicho dinero, nivel central debe evaluar dicha petición. Finalmente se otorgaron $5.000.000.000, lo que llevó a pasar de 24 convenios vigentes a 74 convenios vigentes. Esa proyección que las jefaturas me plantearon era imposible de afrontar”.

Y agrega: “Otro problema era que alguna de las fundaciones con que se venían trabajando de años anteriores en dicho programa, tenían atrasos en sus rendiciones, por lo que me alertan que llegado el momento de realizar las transferencias correspondientes a 2022, no se podrían concretizar administrativamente, ya que es requisito que la fundación no tenga rendición pendiente para realizar nuevos montos del año siguiente, es decir, las rendiciones debían estar al día”

Sobre la contratación de personas con cargo a las fundaciones, pero que prestaban servicio a la Seremi sin ser funcionarios públicos relató: “En un viaje a Santiago con el objeto de realizar una ronda de gestiones, conversé en torno a esto con Claudia Ernst, jefa de la división de Administración y Finanzas a nivel nacional. Le pregunté sobre la posibilidad de tener solución de recursos humanos, explicándole a grandes rasgos de la situación, contándole que desde 2019 hay funcionarios en el SERVIU y SEREMI con cargo a los convenios, pagados por las fundaciones y me indica que no tiene más cupos para contratar y me plantea que converse con Verónica Serrano la contratación con cargo a los convenios, que ella no lo veía problemático desde lo presupuestario”.

Y añade: “Tengo una reunión con Verónica Serrano, oportunidad en que le planteo la problemática que se presentaría por el monto elevado que entregarían al programa. Le planteo también la falta de reglamentación, le señaló que quería incorporar pagos intermedios y tomar resguardo mayores, además de la sobrecarga laboral que me habían planteado, que era imposible abordar”.

Contreras dice que Serrano le respondió que: “Yo también me fui de espaldas” y “luego me explica por un lado la relevancia de ejecutar el presupuesto anual del programa, que mi región tenía muchos fondos asignados. Esa premura no iba a permitir generar cambios respecto a los requerimientos y resguardos para el ministerio para generar protocolos, por ejemplo. Yo le plantee el protocolo a lo que me señaló que hay que avanzar en la gestión presupuestaria, avanzando en la firma de los convenios”. Y que le manifestó “que si no se ejecutaba el presupuesto 2022 se vería mermado el presupuesto 2023″.

Sobre reuniones con otras autoridades dijo: “Quiero hacer hincapié que las reuniones con la subsecretaria y el ministro de forma individual, son excepcional, aproximadamente me reuní unas cuatro veces con ellos en forma individual, debiendo ser fundadas y de una forma de proceder”.