Justicia propone avanzar en comisión permanente de DD.HH.

A las 10.29 horas de ayer ingresó ayer a la Sala de la Cámara de Diputados el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para enfrentar la interpelación que la ex Nueva Mayoría impulsó en su contra, luego de que el pasado 19 de abril el gobierno retirara del Congreso el proyecto que otorga un aporte reparatorio único a las víctimas de prisión política y tortura del régimen militar.

La diputada Carmen Hertz (PC), quien lideró el interrogatorio que duró más de tres horas, intentó durante cada una de sus intervenciones establecer que -dada la gravedad de las torturas y tratos crueles recibidos por los sobrevivientes- el entorpecer la aprobación de este bono reparatorio -a su juicio- "miserable y tardío" constituye un nuevo "agravio" del Estado de Chile hacia las víctimas.

Asimismo, la parlamentaria le enrostró al secretario de Estado que fue él mismo y "su sector" quienes respaldaron y "avalaron" las violaciones a los DD.HH.

Por su parte, el ministro destacó los avances impulsados por Chile en materia de verdad, justicia y reparación y, asimismo, reiteró el argumento entregado por el Ejecutivo al momento de retirar la iniciativa: la falta de recursos a propósito del "complejo" momento económico, que según acusan, heredaron de la administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

Fue en ese contexto y como base para argumentar con iniciativas concretas el compromiso del gobierno con la promoción y el respeto de los derechos humanos, que Larraín detalló una serie de medidas que el Ejecutivo está estudiando impulsar, contempladas en el Plan de DD.HH. que promovió y redactó la ex subsecretaria de esa cartera, Lorena Fries.

En ese sentido, el ministro manifestó su voluntad para implementar la comisión permanente de calificación de víctimas para el esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Una demanda histórica de torturados y familiares de víctimas, que comprometió la ex Presidenta Bachelet en el acto de conmemoración del golpe militar en su último año en La Moneda.

"Estamos estudiando la posibilidad de convertir en permanente la comisión calificadora porque yo creo que eso ayudaría a lograr la identificación de las personas que aún no se han podido incorporar a los beneficios que aquí se han mencionado. Creemos que eso es algo deseable", sostuvo Larraín ante la Sala.

Dicha iniciativa, finalmente, quedó contemplada en el Plan de DD.HH. que le toca ejecutar al gobierno del Presidente Sebastián Piñera y en específico a la Subsecretaría de Derechos Humanos, liderada por Lorena Recabarren.

Al tratarse de un plan de Estado, que es intersectorial y contempla más de 600 medidas que afectan a distintas reparticiones públicas, la subsecretaria ha sostenido rondas de reuniones con sus pares de distintas carteras para estudiar cuáles serán las medidas que el Ejecutivo priorizará en el camino de cumplir con la obligación de implementar el Plan de DD.HH., lo que en todo caso, dicen en el gobierno, será zanjado por el propio Piñera.

Si bien desde Justicia no quisieron entrar en detalles respecto de cuáles serían los plazos para definir si efectivamente se va a impulsar la conformación de esta comisión, Recabarren sostuvo que "iremos informando gradualmente de la forma de su implementación y los plazos en que se cumplirán".

Durante su intervención, Larraín además mostró su disposición para avanzar en otras iniciativas contenidas en la citada política, entre ellas, la de impulsar un plan nacional de búsqueda y destino final de detenidos desaparecidos.

Desde Chile Vamos aseguraron que el Ejecutivo aún no les ha transmitido la agenda que esperan impulsar en esta materia. Sin embargo, destacaron la necesidad de "adecuar" en torno a una visión "más amplia" y no desde una mirada "sesgada de la izquierda" dicho plan heredado de la administración pasada.

"Cuando hay una política buena no importa quién la platee hay que apoyarla. Obviamente la redacción tiene que adaptarse a lo que es la lógica de lo que nosotros hemos plateado, los derechos humanos son para todos, no para un grupo", dijo el presidente de RN, Mario Desbordes.

El jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, aseguró, en tanto, que "cualquier elemento que permita tener mayor rigor técnico para evitar que produzcan situaciones de falsos exonerados, o de pagos que no correspondan, son bienvenidas".