La trastienda de la ácida carta de la Cámara a La Moneda por la actitud contumaz de Crispi y la interpretación de Cordero

Pasado el mediodía de este lunes, un funcionario de la Cámara concurrió a La Moneda con un fin específico: sacar la firma de la diputada y vicepresidenta de la corporación Daniella Cicardini (PS) para una carta que se envió ese mismo día al Presidente Gabriel Boric.

A esa hora, la legisladora participaba de un almuerzo de coordinación en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Sin embargo, ante la premura para obtener pronto la última rúbrica que faltaba para enviar la misiva, fue necesario ir a buscarla a la propia sede gubernamental.

A raíz de la polémica suscitada entre el Ejecutivo y la Cámara, debido a la resistencia inicial de Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia de la República, a concurrir a la comisión investigadora por el lío de platas públicas asignadas a fundaciones, la mesa directiva de la corporación había acordado hacerle una suerte de recordatorio al Mandatario respecto de las facultades fiscalizadoras que le otorga la Constitución a esta rama del Poder Legislativo.

“Es nuestro deber reafirmar que las comisiones especiales investigadoras son creadas por acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, conforme a lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra c) de la Constitución Política de la República, atribuciones que deben ser ejercidas con plena independencia de otros poderes del Estado”, dice la misiva dirigida a Boric que fue firmada por el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes (DC), y las dos vicepresidentas: las diputadas Cicardini (PS) y Carmen Hertz (PC).

El texto se venía gestionando desde el miércoles de la semana pasada. Ese día, la bancada de RN, con el apoyo de la UDI, Evópoli y el Partido Republicano, le había pedido a la mesa directiva de la Cámara la necesidad de hacer reclamo al Ejecutivo ante la actitud contumaz de Crispi, quien inicialmente se escudaba en un presunto estatus especial que tendrían los asesores a honorarios de la Presidencia para no someterse a citaciones de los parlamentarios.

Cifuentes -quien a pesar de haber sido elegido con votos oficialistas, ya hace un par de semanas viene dando señales de autonomía de La Moneda-, acogió inmediatamente la queja y le encargó al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, preparar un escrito.

La diputada Hertz también estuvo de acuerdo con la idea de dar una señal en defensa de las potestades de la Cámara. Incluso, la legisladora comunista, junto a Cifuentes, visó el primer borrador de la carta que ya estaba listo el viernes de la semana pasada. Ese texto, según algunas versiones, tenía un tono más severo.

Por su parte, Cicardini, si bien estaba de acuerdo con dar la señal, quedó con dudas con la primera redacción y pidió algunas correcciones, que se fueron afinando el mismo fin de semanas a través de llamadas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.

De hecho, la versión final de la carta ya estaba zanjada el lunes en la mañana y a primera hora Cicardini fue contactada por la secretaria del presidente de la Cámara para que la firmara.

En vista de que después del almuerzo de la Segpres, la parlamentaria socialista partiría a la sede del Congreso de Valparaíso, fue necesario que se le llevara el documento a La Moneda.

Luego de ello, el escrito fue difundido entre las distintas bancadas.

Si bien la redacción de la carta se mantenía en marco respetuoso, tenía ciertas sutilezas que le daban un toque urticante, sobre todo al momento de recordar en forma precisa las atribuciones que tienen las instancias fiscalizadoras de la Cámara

“Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los ministros de Estado, los demás funcionarios de la administración y el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten”, dice la disposición de la Carta Fundamental que es mencionada en la misiva.

Además en una velada crítica a la tesis jurídica defendida por La Moneda, elaborada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, de que los asesores presidenciales tendrían un estatus especial, la mesa de la Cámara señala que “es nuestro parecer precisar que las declaraciones vertidas por distintas autoridades de gobierno en relación a la situación descrita (la actitud contumaz de Crispi para comparecer) las entendemos como propias interpretaciones jurídicas que en caso alguno pueden menoscabar la independencia de este poder del Estado”.

“En razón de lo anterior, la mesa directiva de esta rama del Congreso le envió una carta al Presidente Boric para defender sus potestades y recordarle las facultad fiscalizadoras que le otorga la Constitución a las comisiones investigadoras. entre los distintos poderes del Estado”, concluye la carta oficial.

En las semanas anteriores, el asesor presidencial se había rehusado en dos ocasiones a comparecer ante la instancia fiscalizadora de la Cámara y solo envió una respuesta por escrito.

La resistencia de Crispi, sin embargo, cambió la semana pasada, luego de que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, señalara ante la misma comisión que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”, y esbozó que el personal a honorarios de la administración estatal debería tener el mismo trato que cualquier funcionario público.

Por su parte, en otra señal de autonomía, la comisión investigadora acordó este lunes, en forma unánime, citar por tercera vez a Crispi en su calidad de jefe de asesores de la Presidencia para el próximo 6 de noviembre, haciendo caso omiso al interés del Ejecutivo de que compareciera sólo como exsubsecretario de Desarrollo Regional.

Esta es segunda vez que otro poder del Estado le hace un llamado de atención al Presidente Boric. Previamente, el Poder Judicial, en enero de este año, le refutó sus dichos respecto al exfrentista Jorge Mateluna, en relación a presuntas irregularidades durante el proceso judicial. En esa ocasión, el pleno de la Corte Suprema manifestó que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.