Una indicación de los diputados Andrés Longton (RN), Diego Schalper (RN), José Miguel Castro (RN), Andrés Jouannett (Amarillos) y Jorge Alessandri (UDI) para incorporar en el catálogo de delitos de la ley antiterrorista a distintas autoridades de país, fue lo que retrasó, una vez más, la votación del proyecto.

En concreto, los parlamentarios proponen un nuevo artículo a la iniciativa, el cual incorpora diferentes sanciones por el delito de atentado contra el Presidente de la República, ministros de Estado, parlamentarios en ejercicio, miembros de los tribunales de justicia y fiscales del Ministerio Público.

Aunque en semanas anteriores, diferentes miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana se mostraban optimistas en un rápido avance de esta ley, lo cierto es que el catálogo de delitos los ha vuelto a retrasar. De hecho, la presidenta de la instancia, Gloria Naveillán, al ser consultada por este medio luego de la discusión del lobo solitario, confesó que el proceso en el que están ahora, “podría ser largo”.

Y la discusión de este lunes, ratificó el augurio de Naveillán, pues los diputados no lograron arribar a un acuerdo ni siquiera para votar, quedando programada para la próxima sesión.

El primero que planteó una interrogante fue Jouannett, quien señaló: “¿Qué pasa en aquellos lugares donde efectivamente hay terrorismo declarado?”.

En esa línea, complementó el representante de la Región de La Araucanía; ¿”Qué pasa ahí, si la CAM atenta contra un parlamentario del Biobío, de la Macrozona Sur? La ley tiene que ser muy clara”.

A renglón seguido, Alessandri sostuvo que “es complicado cuando uno empieza a comparar o querer distinguir el efecto desestabilizador porque es muy distinto en el contexto regional, usted puede asesinar a un concejal emblemático de una comuna pequeña y resulta que ese concejal era la última esperanza de ese lugar de no ser tomado, atacado”.

Junto con lo anterior, añadió Alessandri, “la dificultad patrimonial también lo dificulta, el fiscal nacional debiera estar en esta lista, el ente persecutor por excelencia lo lidera un señor que se llama fiscal nacional”.

Desde el oficialismo, Lorena Fríes (FA) afirmó que “con la indicación que hace el Ejecutivo le estamos dando sentido a lo que es una ley de los delitos más graves que se pueden cometer contra el Estado democrático (...), si estamos pensando en meter a todas las autoridades de Arica a Punta Arenas bajo la ley antiterrorista, entonces lo que hicimos es estirar el chicle. Atenta contra el sentido de la ley que es objetivar y establecer la última ratio en términos de los delitos más graves que se pueden cometer”.

Posteriormente, Raúl Leiva (PS) afirmó que la indicación “requiere de una revisión desde el punto de vista técnico mucho más depurada”.

Y argumentó: “Primero porque no basta con un catálogo de autoridades, en eso comparto que alguna persona que ejerce algún grado de autoridad, aunque no sea electa popularmente, pero que dentro del contexto en que se comete eventualmente este delito claramente puede tener una intención terrorista, no podríamos dejar fuera a un concejal, a un alcalde emblemático en la pelea contra el terrorismo, un fiscal o un carabinero. Esa definición es muy compleja”.

Desde el gobierno, el jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior, Rafael Collado, sostuvo que “establecer delitos terroristas objetivos es una decisión que no han tomado todos los países, algunos países sí lo han tomado y esta propuesta va en ese camino, propone tipificar un delito sin establecer la finalidad”. Por lo mismo, continuó Collado, es que el Ejecutivo va a plantear otra propuesta.

Al cierre del debate, Naveillán señaló: “Me complica poner en votación esta indicación así como está. Tiendo a coincidir en general con la propuesta del Ejecutivo, pero tenemos este problema de sectores de Chile donde existe terrorismo, donde no hay Estado de derecho y donde las autoridades de esa zona que luchan contra el terrorismo no pueden ser considerados que han tenido un atentado normal por crimen organizado o lo que sea”.

Por lo mismo, Naveillán pidió al gobierno “que reconsidere” lo que se ha planteado en el debate y llegue con una nueva propuesta para el miércoles de esta semana, cuando se reanude el debate.