Proyecto de indulto: ministro Delgado reitera que “en Chile no hay presos políticos” y subsecretario Galli advierte que “impunidad daña a las víctimas”

“Cuando uno quiere generar una categoría que no existe, porque no existen presos políticos en Chile, por supuesto que los números pueden ir cambiando”, dijo el jefe de Interior en relación al número de personas que beneficiaría la iniciativa que analiza el Senado sobre imputados por hechos asociados al estallido social de octubre de 2019. El subsecretario de la cartera, en tanto, sostuvo que los detenidos "deben pagar por su responsabilidad en graves delitos".
A 24 horas de que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, se pronunciara a favor de una “amnistía por la paz social”, en línea con el proyecto que se discute en el Senado y propone un indulto a detenidos a raíz de las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019, desde el Ministerio del Interior las principales autoridades de la cartera expresaron este lunes sus cuestionamientos a la idea.
El subsecretario Juan Francisco Galli expuso que “ha habido antecedentes estos últimos días respecto a quiénes son estas personas que están privadas de libertad. Son imputados, son formalizados o condenados por graves delitos cometidos con posterioridad al 18 de octubre”.
“Aquí no podemos caer en un error, el derecho de reunión y manifestación tiene dos condiciones, bastante simples por lo demás, que la manifestación sea pacífica y sin armas. Aquellas personas que incurren en la violencia en cualquier contexto, que lanzan bombas incendiarias a otras personas, aquellos que lanzaron bombas incendiarias a carabineras y les quemaron la cara. Esas personas no deben quedar impunes”, enfatizó el subsecretario en horas de la mañana, durante una actividad respecto al control de drogas en el país.
Galli señaló que “esas personas nosotros creemos deben pagar por su responsabilidad en graves delitos y por lo tanto será la justicia la que los juzgue”.
“En la eventualidad que avance este proyecto de ley, creo que los senadores que lo aprueben deben ser conscientes que les tan diciendo a esas víctimas, a esos locatarios del centro de Santiago, del centro de Valparaíso, del centro de Concepción, a esas carabineras que les quemaron la cara, que esos hechos ellos consideran deberían quedar impunes. Yo no estoy de acuerdo”, dijo.
La autoridad sostuvo que “lo que corresponde es que en el proyecto de ley que está hoy día en discusión que declara impune el homicidio frustrado, que declara impune el saqueo, que declara impune el lanzamiento de bombas incendiarias, deberíamos estar todos en acuerdo respecto de que esa impunidad daña a las víctimas y es malo para la paz social”.
Por otra parte, el ministro Rodrigo Delgado se refirió a las cifras que maneja la Fiscalía Nacional y que hizo llegar a la Comisión de Constitución del Senado respecto a eventuales beneficiarios del proyecto.
“El gobierno concuerda que en Chile no hay presos políticos, el gobierno concuerda de que las personas que están privadas de libertad cometieron delitos que algunos de ellos pueden ser en el contexto de manifestaciones, pero delitos al fin y al cabo, por eso creo que cuesta tanto clasificar el número. Porque como no existe la categoría de preso político en Chile, entonces hay una discordancia en los números”, argumentó el titular de Interior.
El secretario de Estado señaló que “cuando uno quiere generar una categoría que no existe, porque no existen presos políticos en Chile, por supuesto que los números pueden ir cambiando”.
“Para el gobierno siempre ha sido claro, no existen presos políticos y, por lo tanto, valoramos que las cifras puedan esclarecerse o puedan estar siempre más ligadas a lo que ha ocurrido en la realidad. Esas personas que están privadas de libertad están privadas de libertad por haber cometido delitos en un contexto de manifestaciones, pero las manifestaciones deben ser siempre pacíficas”, aseguró la autoridad de gobierno.
El pasado 11 de agosto la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la iniciativa en su primer trámite constitucional. El proyecto propone dar indulto humanitario a quienes han sido imputados por las manifestaciones sociales del 2019 y que se mantienen en prisión preventiva.
En diciembre del año pasado, el Presidente Sebastián Piñera anunció que se evalúa un veto a un indulto general para detenidos en el estallido social, afirmando que “atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho”.
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