TC rechaza requerimientos contra indultos de Boric en medio de insinuaciones de presiones de La Moneda

Dos veces la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez, tuvo que pedirle al ministro José Ignacio Vásquez que bajara el tono de su voz. Así lo señalan tres de los ministros presentes, en lo que califican “una tensa sesión de pleno” celebrada este martes en el edificio de Huérfanos 1234, a sólo unas cuadras de La Moneda y el Ministerio de Justicia, donde se seguía atentamente una importante discusión sobre un tema que continúa complicando al gobierno: los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a fines del año pasado.

Y es que para esta jornada Yáñez había citado al resto de los magistrados para deliberar, es decir, entregar los argumentos y votar los requerimientos de Chile Vamos y Demócratas que buscaban declarar inconstitucional siete de los 13 beneficios otorgados al exfrentista Jorge Mateluna y a otros condenados por hechos relativos al estallido social. Pero un correo electrónico enviado por Vásquez el lunes en la tarde cuestionando la decisión de la presidenta del TC de adelantar la votación fijada en un inicio para el jueves 23 puso en vilo que se lograra el quórum (ocho ministros) para sesionar. Tras una agitada jornada, el Ejecutivo finalmente resultó vencedor luego de que la mayoría de los magistrados rechazara las acciones presentadas para impugnar los polémicos indultos.

Una situación que marcó las sesiones del día, sobre todo la cita ordinaria de la mañana, fue la dura intervención del ministro Vásquez. Este ya había adelantado su molestia por e-mail, pero una vez presentes todos los magistrados en el salón del pleno, al tomar la palabra hizo una serie de insinuaciones que -según tres de ocho presentes en la instancia- daban cuenta de que el cambio de tabla respondía a supuestas presiones del Ejecutivo para que la causa se fallara lo antes posible y no se dilatara aún más la discusión. Ahí, sostienen las mismas fuentes, Vásquez cuestionó que los partidos políticos “habían hecho un mal a Chile” y al TC en particular al cuotearlo, que él era el único ministro independiente y que el organismo se había transformado en una “tercera cámara”.

No pocos recordaron una sesión de abril de 2020 en la que Vásquez acusó a la entonces presidenta del TC, María Luisa Brahm, de ser “operadora política” y cuestionarla, justamente, porque en una entrevista a La Tercera Domingo la abogada sostenía que el organismo “sí somos una tercera cámara y está dentro de las atribuciones que la Constitución entrega al TC, que es el control de las leyes (....)”. Días después se filtró un audio en que el magistrado criticaba en duros términos a la exjefa del Segundo Piso de Sebastián Piñera y de que haya utilizado el concepto que él mismo ahora acuñó. “¿Qué es lo que queda después de esto? ¿Queda algún TC en pie después de esto?... Hablando de tercera cámara, afirmando que este tribunal es una tercera cámara sin tener idea lo que es una tercera cámara, porque tercera cámara implica que este sería un órgano político... ¿O es que está viendo su reflejo en esto?...”. Hizo una pausa y continuó: “Porque una tercera cámara es un órgano político, y un TC es un tribunal donde hay jueces, no operadores”, sostuvo en esa oportunidad.

Este martes 21, ya con un TC casi totalmente renovado, la presidenta Nancy Yáñez, según presentes, había abierto la sesión a las 9.30 horas con un tono conciliador, haciendo un llamado a no poner dificultades al funcionamiento del organismo, recordando que en épocas pasadas el TC no ha pasado por buenos momentos reputacionales. En ese sentido, sostienen fuentes del pleno, se le hizo ver a Vásquez que la presidenta no agregó causas, sino que hizo uso de su facultad contemplada en el artículo 8 de la ley orgánica, que es “anticipar o prorrogar sus audiencias en caso de que así lo requiera algún asunto urgente, y convocarlo extraordinariamente cuando fuere necesario”. Ahí fue cuando Vásquez, según algunos de sus pares, cedió y dijo que si se realizaba un pleno extraordinario sí participaría. Ya eran cerca de las 11 horas y ministros presentes propusieron que cerraran el pleno ordinario y dieran inicio de inmediato al otro, pero al final se citó a todos a las 13.30 horas.

No pocos de los integrantes del TC pensaron que el magistrado en cuestión no se presentaría, sin embargo -advierten jueces-, el no acudir sin una justificación podría haberle acarreado un sumario o sanción, ya que es obligación asistir. A la hora de la citación en punto Vásquez estaba listo para argumentar y dejar atrás el protagonismo que tuvo A.M.

Tras dos horas y media de debate, aproximadamente, el relator José Francisco Leyton salió a los pasillos y comunicó que había acuerdo. “El pleno del Tribunal Constitucional resolvió rechazar los requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de honorables senadoras y senadores de la República en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares”, sostuvo.

De acuerdo con el detalle, la votación fue dividida. En el caso de la impugnación a los decretos que beneficiaron a Jorge Mateluna, Luis Castillo y Jordano Santander, fueron rechazados por cinco votos contra tres. Se opusieron Nancy Yáñez, María Pía Silva, Daniela Marzi, Nelson Pozo y Rodrigo Pica, mientras que Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández estuvieron por acoger las reclamaciones.

Y respecto de los cuestionamientos alusivos a los decretos de Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas, se rechazaron por seis votos contra dos, ya que en este caso el ministro Fernández se sumó a quienes estuvieron por la negativa.

Quienes conocen los argumentos señalan que el voto de mayoría se funda principalmente en que los magistrados consideran que la naturaleza y el acto del indulto le da potestades amplias al Presidente y que en ese sentido no hay regulación de cómo se debe fundamentar, ni un estándar. Desde esa perspectiva, advirtieron, no hay cómo cuestionar la constitucionalidad de los decretos y de la decisión adoptada por el Presidente Boric.

En la minoría, en tanto, plantearon que el indulto es un acto administrativo y como tal tiene que estar seriamente fundado. Algunos de los jueces hablan del estándar alto para otorgar esta prerrogativa, y que al no fundamentarse bien se produce un acto discriminatorio, “porque a este preso sí y a este otro no”. Para los votos mayoritarios este análisis es absurdo, pues indican: “Siempre un indulto es un trato diferente a un reo por el resto de la población penal, sobre todo aquel que es concedido por una única autoridad, como es el caso del presidencial”.

Otros de los votos por acoger los requerimientos se basa en el principio de la razonabilidad, es decir, el sentido común de no otorgar un indulto a personas con el perfil de Luis Castillo, con pésimos antecedentes conductuales, sin manifestar arrepentimiento y que sigue sin entender que lo que se le otorgó fue un “perdón” y no la liberación para volver a cometer los delitos por los cuales estuvo preso.

Pese al resultado desfavorable para sus intereses, el senador Matías Walker, uno de los requirentes, manifestó que “más allá del juicio del Tribunal Constitucional -que yo creo que esto era un resultado previsible-, la ciudadanía ya se formó su propio juicio respecto de la inconveniencia de indultos, sobre todo en favor de personas que tenían prontuario en materia de delitos violentos y a pesar de que había informes negativos de Gendarmería”.

A juicio del parlamentario, por lo demás, “el Presidente Boric hizo su propia reflexión respecto del tremendo error político que significaron estos indultos”.

En el mismo tono, la abogada que los representó ante el TC, Constanza Hube, indicó que será “importante revisar todos los elementos de la sentencia. Estamos conformes, porque tres de los ocho ministros estuvieron por acoger parte de nuestros requerimientos y al mismo tiempo este caso permitió transparentar ante la ciudadanía una serie de contradicciones en la decisión del Presidente al conceder estos indultos y conocer las recomendaciones de no otorgarlos por parte de Gendarmería”.

“Estamos convencidos que después de esta discusión se fijará un estándar mas alto para otorgar indultos”, complementó la profesional.