La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) informó que 1.863 personas fueron declaradas en quiebra entre los meses de enero y octubre de 2023, reflejando una caída del 3% en comparación con igual periodo del año pasado.

Se trata del número más bajo desde 2019 y, según los boletines estadísticos de la institución -dependiente del Ministerio de Economía-, las cifras denotan una sostenida caída en los últimos años. De hecho, durante los primeros diez meses de cada año las cifras son las siguientes: 2023 (1.863); 2022 (1.923); 2021 (3.091); 2020 (4.289) y 2019 (4.002).

Por otro lado, cada vez es más frecuente que personas aproblemadas con el pago de sus obligaciones financieras acudan a la Superintendencia y soliciten iniciar un procedimiento de renegociación de sus deudas. Bajo esa lógica, durante los primeros 10 meses del año, las renegociaciones de personas deudoras se triplicaron en comparación con igual lapso de 2022, pasando de 187 a 586. De hecho esta última cifra es la más alta desde 2020, cuando entre enero y octubre 721 personas solicitaron este tipo de beneficio.

La Ley de Insolvencia y Reemprendimiento establece que ésta es una herramienta gratuita, dirigida a las personas endeudadas y que tiene por finalidad que puedan renegociar sus deudas con nuevas condiciones de pago o bien vender sus bienes para el pago de las mismas.

Por otro lado, las liquidaciones de empresas deudoras durante los primeros diez meses de 2023 llegaron a casi mil (991). La cifra es mayor en 15% si se compara con igual periodo de 2022, cuando hubo 860 compañías que fueron declaradas en bancarrota en Chile.

Frente al alza en el número de quiebras, Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda Chadwick Pino Abogados, explicó que existen tres razones. “Primero una situación económica compleja; si bien algunos indicadores, como inflación y desempleo fueron mejor de lo esperado, hay una sensación de inestabilidad que afecta el consumo y la inversión. Enseguida la economía internacional también presenta una situación compleja, a partir de tasas largas más altas y riesgos de conflictos bélicos. Finalmente, volviendo al frente interno, recordemos que muchas empresas se endeudaron para afrontar la pandemia y la pospandemia; esos créditos hoy ya son exigibles y los deudores enfrentan este momento con menores ventas y mayores costos. En este escenario, prefieren optar por la liquidación concursal”, acotó.

A través de una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública, la Superintendencia de Insolvencia informó a Pulso que en los últimos nueve años 10.203 empresas han sido declaradas en quiebra. En octubre de 2014 en Chile se puso en marcha la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (Ley N° 20.720), cuya última modificación de mayo de 2023 hizo más expeditos los procedimientos de renegociación de activos a las personas deudoras.

En su respuesta, la Superir realizó un análisis sobre los sectores a los que corresponden las empresas que han sido declaradas en quiebra durante el mismo periodo señalado. Entre enero y octubre de 2023, 692 empresas en quiebra corresponden al sector de servicios, 235 a industria y 46 a materias primas. A ellas se suman otras 18 de las cuales la autoridad no tiene mayor información.

Ernesto Solís, CEO de Fix Partners Advisors dijo que “lamentablemente muchas empresas están iniciando procesos de liquidación directamente, en desmedro de procesos de reorganización. La mayoría son empresas pequeñas, con balances muy débiles, con alto nivel de endeudamiento y poca capacidad de generación de flujos de caja. Hasta agosto de este año, los costos de iniciar un proceso de reorganización no eran menores. Con la modificación a la ley de insolvencia, se acotaron y redujeron ostensiblemente los honorarios de un proceso de reorganización concursal. Es esperable que el numero de empresas en reestructuración aumente el 2024″.

Cristián Palacios, asociado de Aninat Abogados, explicó que “se están observando los efectos derivados de la pandemia y del agotamiento de las medidas de fomento estatal consistentes en créditos de emergencia. Asimismo, la caída sostenida en la actividad de sectores muy relevantes de la economía, como construcción y comercio, ha importado no sólo la inestabilidad financiera de los integrantes del sector sino además de los agentes económicos auxiliares de esas áreas, como proveedores y subcontratistas. En el mismo sentido, el temor y la incertidumbre en procesos de inversión así como los malos augurios respecto al 2024, paralizan el consumo y ralentizan el curso normal de la economía”.

Ricardo Ibáñez, socio de Defensa Deudores, explicó que “la decaída situación económica del país, la alta tasa de desempleo y períodos anteriores de alta inflación, han provocado que haya más personas en estado de insolvencia, endeudadas y en los registros de morosidad. Asimismo, la posibilidad para muchos de refinanciar sus deudas directamente con sus acreedores también ha sido menor debido a las altas tasas de interés vigente y a los menores ingresos de las personas. En este escenario, el procedimiento de renegociación puede ser una alternativa, toda vez que permite abordar el problema de morosidad en mejores condiciones, acordando un nuevo plazo de pago y, en algunas ocasiones, sin que se incrementen los intereses”.