El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) contestó la denuncia de tutela laboral que interpuso la jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano (DPAC), Jimena Hevia Riera.

En su presentación, la entidad dirigida por la abogada Valentina Durán, nombrada bajo la actual administración de Gabriel Boric, solicitó que la acción de la trabajadora sea desestimada con expreso pago de costas. Ante el 2º Juzgado Laboral de Letras de Santiago, el SEA acusó a la funcionaria de “falta de autocrítica y tolerancia”.

El 20 de marzo, cinco trabajadores del SEA denunciaron al abogado y jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Juan Cristóbal Moscoso, por “maltrato laboral, persecución y hostigamiento”. Los evaluadores ambientales Camila Sepúlveda, Lu Contreras, Diego Trecaman, Gonzalo Jiménez y Camila Ramírez buscaron exponer estos comportamientos dentro del organismo clave en la tramitación de proyectos de inversión.

Posteriormente, el 28 de mayo, Jimena Hevia interpuso una denuncia de tutela laboral, acusando un “ambiente laboral tóxico” y “maltrato sistemático” por parte de su jefe directo, el mismo Juan Cristóbal Moscoso. En la acción, relató múltiples incidentes de comportamientos intimidantes y despectivos por parte de Moscoso, incluyendo amenazas directas y control indebido de sus relaciones personales y profesionales. En la demanda, solicitó una indemnización total de $107 millones, desglosada en $40 millones por daño moral y $67.142.515 por perjuicios laborales equivalentes a 11 remuneraciones mensuales. Además, pidió tener disculpas públicas y la implementación de medidas de reparación, como charlas sobre derechos fundamentales en la empresa.

Sin embargo, para la institución “no deja de llamar la atención las frases que indica la actora en su demanda le habrían sido dichas por quien fuera su jefatura y que repite de forma idéntica en diferentes contextos como si fuera un discurso aprendido, generando a esta parte una duda razonablemente en relación a que las mismas hayan sido dichas por la persona que se indica en la demanda, o incluso en la forma en que se expresa en el libelo”.

“No es que exista un cuestionamiento constante cómo trata de hacerlo parecer la denunciante, pues lo cierto es que, dentro de una relación de carácter laboral, en que rige evidentemente un vínculo de subordinación y dependencia, la jefatura por cierto que puede realizar correcciones y cambios, o proponer modificaciones a las tareas que realiza la demandante. Es evidente en ese sentido entonces, la falta de autocrítica y de tolerancia por parte de la denunciante a este tipo de retroalimentaciones”, agregó el SEA.

“Hacemos presente lo anterior, no como una defensa en particular de este trabajador (Juan Cristóbal Moscoso), sino por el hecho de que este, ha desarrollado una correcta carrera en la institución y de acuerdo con su formación y al trabajo que ha desempeñado en la institución -donde ha manifestado una especial preocupación por el clima laboral, promoviendo incluso evaluaciones e intervenciones en este sentido-, no resulta razonable ni esperable que este haya dicho o realizado -en esos términos- lo que indica la demandante”, acotó.

El abogado de la demandante, Oscar Lizaso, dijo a Pulso La Tercera que “nos sorprende que el Servicio de Evaluación Ambiental intente culpabilizar a la propia víctima, atribuyéndole la responsabilidad de ciertos episodios mencionados en la denuncia. Además, la respuesta del SEA ignora por completo la evidente existencia de un ambiente laboral hostil para los trabajadores dentro del Servicio. Sin embargo, estamos absolutamente convencidos de que los hechos denunciados serán probados en su totalidad y confiamos en que se hará justicia para la víctima”.

El trbunal acogió a tramitación la demanda laboral y el próximo 5 de agosto se realizará la audiencia de preparación.

En su contestación, el SEA solicitó al tribunal ordenar la reserva de la presente causa, esto atendida la materia y los datos sensibles que se contienen en la misma, y la documentación que será incorporada en este juicio.

A raíz de la complejidad del caso, el 17 de julio pasado, el SEA emitió una orden de compra para la contratación de servicios de representación judicial al estudio de abogados Albagli Zaliasnik por la suma de 730 UF (poco más de $27 millones).

“Considerando la naturaleza de la causa y la falta de especialistas en litigación laboral, el SEA requiere los servicios de un abogado o abogada especializada en la materia, que represente los intereses del Servicio en la causa señalada y desarrolle una estrategia de defensa adecuada según los lineamientos de la Dirección Ejecutiva. Cabe destacar que, aunque el Servicio de Evaluación Ambiental posee un Departamento de Litigios e Invalidaciones en su División Jurídica, este está enfocado en la defensa judicial en materias ambientales”, consignó la resolución.

Hoy la defensa del SEA está en manos de Jorge Arredondo, socio de Albagli y Zaliasnki, pero no es el único abogado involucrado en el conflicto interno que ha fichado el servicio.

A fines de junio, el servicio contrató al abogado Pablo Velozo, un histórico militante del Partido Socialista con más de 30 años de experiencia en derecho laboral Anteriormente, se ha desempeñado como gerente de recursos humanos en grandes empresas como Telefónica y ENAP, y cuenta con una oficina junto al exministro del Trabajo Osvaldo Andrade (PS).

Fue compañero de la carrera de derecho en la Universidad de Chile de Valentina Durán. Actualmente, se dedica a la asesoría de empresas y estamentos públicos en materias vinculadas a acoso sexual y laboral.

Según el Portal de Transparencia del servicio, Velozo recibe una remuneración de $1.500.000 y su vínculo se extiende desde el 30 de junio al 30 de septiembre.