Primer Tribunal Ambiental confirma rechazo a recurso del gobierno por caso Dominga

Un nuevo portazo recibió el gobierno en la justicia ambiental. Este lunes, el Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta resolvió rechazar el recurso de reposición presentado el viernes por el Ejecutivo, con el que insistía en su solicitud de suspender los efectos del fallo dictado el 9 de diciembre, y que revivió el polémico proyecto Dominga, que impulsa Andes Iron, firma ligada a la familia Délano.

En una resolución dictada con el voto favorable de los ministros Sandra Álvarez y Cristian Montecinos, pero con la prevención de ministro Alamiro Alfaro -quien ya había votado en contra del recurso presentado en primera instancia-, la entidad judicial especializada estimó que no existían nuevos antecedentes para modificar el criterio aplicado previamente.

“No existiendo nuevos antecedentes que hagan necesario modificar lo resuelto a fojas 6109, en orden a decretar la suspensión de los efectos de la sentencia recurrida, no ha lugar a la reposición interpuesta”, se lee en la resolución dictada este lunes.

Con ello, el Ejecutivo sufrió un nuevo revés en su estrategia legal luego que el 1TA mandatara a que el Comité de Ministros sesionara como máximo el 31 de diciembre. Cabe recordar que en su sentencia del 9 de diciembre, la entidad judicial otorgó un plazo de 15 días para que la instancia ministerial se reuniera con representantes que “no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”, y conminó a que el pronunciamiento debía “dictarse conforme con los pronunciamientos de los OAECA que sean coherentes con lo establecido en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento con el deber de fundamentación y con el principio de protección de la confianza legítima”.

Sin embargo, desde entonces, el gobierno decidió adoptar dos vías legales. El lunes 23, tras una sesión extraordinaria del Comité de Ministros, se resolvió presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema y, en paralelo, buscó suspender los efectos de la sentencia del 1TA. Tras el rechazo al día siguiente.

En esa misma sesión, todos los ministros del Comité resolvieron inhabilitarse y consultar a la Contraloría General de la República quiénes debían integrar la instancia ministerial, de acuerdo con el criterio establecido por el 1TA. Dicha consulta al órgano contralor fue ingresada recién el pasado jueves por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su calidad de secretaría del Comité de Ministros.