¿Por qué el fiscal Ángel Valencia no se ha inhabilitado en el caso Audio?

El caso Audio ha generado terremotos internos en el Ministerio Público que, según fiscales y funcionarios, nunca avizoraron. Lo anterior, como se ha ido conociendo con el correr de las semanas, porque no sólo hay exfiscales y actuales persecutores que mantuvieron contactos presuntamente irregulares con el principal imputado en dicha indagatoria -Luis Hermosilla-, sino porque la defensa del abogado ha buscado levantar dudas sobre el propio mandamás de la institución, Ángel Valencia.

Si bien desde que estalló el caso el fiscal nacional comentó que, como abogado privado, sostuvo en varias oportunidades conversaciones con el otrora influyente penalista, no fue hasta unos meses después que reveló que, tras asumir en el cargo, mantuvo una reunión presencial con Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick.

El hecho generó ruido inmediato en los pasillos del Ministerio Público, dadas las consecuencias que podría acarrear para la investigación. Eso sí, cuando la defensa de Hermosilla apuntó a que en ese encuentro el persecutor se habría comprometido a alertarlos de diligencias que pudieran afectar al expresidente Sebastián Piñera, la molestia se desató con mayor fuerza.

Y todo empeoró aún más cuando Valencia optó por responder a aquello no a título personal, sino que por medio de un comunicado que estaba firmado por la Fiscalía Nacional.

Ahí la disconformidad entre fiscales se elevó, reactivando una discusión que había estado sobre la mesa anteriormente: ¿Corresponde que Valencia se inhabilite?

Según pudo conocer este medio, hay varios persecutores que, a raíz de todo lo ocurrido, insisten en que el fiscal nacional debió inhabilitarse al inicio de esta indagación. Porque más allá de que la misma recaiga directamente en manos de la titular de la Fiscalía Regional Oriente, Lorena Parra, estiman que se habrían evitado una serie de situaciones que han puesto en entredicho a la imparcialidad de todo el organismo.

Como indican quienes tienen esa mirada, el hecho de Valencia fuera parte del estudio de Juan Domingo Acosta, histórico abogado de Piñera, habría sido suficiente para que se distanciara de la causa en que se indaga a Hermosilla, quien se desempeñó como asesor durante el gobierno del otrora Mandatario. Se plantea, igualmente, que dado el vínculo que Hermosilla tenía con Chadwick -y que luego se conoció que este también sería objeto de las pesquisas-, eso también se debería haber sopesado de mejor forma. Más, insisten las mismas fuentes, cuando como abogado, Valencia trabajó con él, al igual que su cónyuge.

De acuerdo con los mismos personeros, y ante todas esas consideraciones, el hecho de que el fiscal nacional no se sienta inhabilitado también lo dejaría en una posición compleja ante peticiones de inhabilidad de la fiscal Parra, puesto que también han quedado dudas respecto de la forma en que podría decidir.

¿Qué hay detrás de la determinación? Entre los fiscales que abordan de manera más crítica la situación se menciona que lo más probable es que no ha optado por inhabilitarse para “manipular el caso” en sus ribetes más políticos, dadas las conocidas “redes” que tiene en distintos sectores. Otros, sostienen que no lo ha hecho por “no renunciar a su poder” y para, en definitiva, no ser un “león sin dientes”.

Con todo, fuentes de la Fiscalía Nacional recalcan que Valencia no se inhabilita porque formalmente no se ha presentado ninguna solicitud para que ello siquiera se analice. “No puede ser en abstracto, sino que debe haber un sustento legal”, explican conocedores del proceso. Si se presentara un requerimiento en ese sentido, se deberá sortear a tres fiscales regionales para que definan.

Insisten, de igual forma, en que como él no tiene injerencia directa en el caso, no habría causales formales para que dé un paso al lado.

Consultado respecto del escenario, el abogado Alberto Precht, recalca que esto se podría haber evitado si Valencia hubiese cumplido con el compromiso de establecer un registro de inhabilidades. “Lamentablemente esto no lo realizó, y hoy día se encuentra en el problema de lo que podríamos llamar como un desangramiento por goteo, donde se van sabiendo partes de la historia, de a poco, y que eso lleva a cometer errores u omisiones comunicacionales como las que hemos tenido respecto a esta reunión”, manifestó.

“Efectivamente esto pone al fiscal nacional en muy mal pie (...) Teniéndole gran respeto profesional, creo que no ha actuado de manera estratégica. No ha visto todas las aristas que tiene este caso tan público, tan polémico, con afectaciones tan grandes. Creo que ante ello, lo primero que debiese hacer es lo que le pedimos al inicio, inhabilitarse de estos temas completamente, como lo hizo Jorge Abbott con el caso Penta. Creo que va a terminar inhabilitándose, pero lo va a hacer tardíamente y eso deja un manto de duda”, manifestó.

En el mismo sentido, la abogada Karina Fernández, quien junto a Precht ha levantado varias solicitudes para que se materialice el registro de inhabilidades, planteó que si bien estima que este problema se deriva directamente del proceso de nombramiento y selección, sería urgente que, antes de entrar a definir soluciones de fondo, el Consejo General de Fiscales le exija a Valencia la fijación del citado mecanismo.

“Mi preocupación, en términos generales, es ante qué autoridad se solicitan la inhabilidad del fiscal nacional. Cómo yo voy a solicitar la inhabilidad de un fiscal regional ante el fiscal nacional cuando el mismo fiscal es el que tiene que resolver. La figura del suplente tampoco soluciona eso, porque el suplente también es de la confianza y es designado por el fiscal nacional. Entonces, más bien, insisto, que frente a una crisis de esta envergadura, y ante el silencio del Parlamento, creo que el Consejo de Fiscales es el que finalmente tiene que alzar la voz”, indicó.

De la misma forma, la abogada expuso que “el registro de inhabilidades debe ser una obligación a la luz del derecho internacional de los sistemas internos para luchar contra la corrupción y para asegurarnos a nosotros la igualdad de partes. Esa es la función proteger a todo respecto de salvaguardar la independencia judicial (...) Además esto se cruza con otra discusión que hay en el Congreso respecto de un proyecto que busca dotarlo de mayores atribuciones, para que pueda generar instrucciones en causas, y también está el debate sobre la utilización de la institución para defensar personales, lo que también es muy delicado”.

Mirada distinta tiene Cristián Riego, quien asevera que aún no ve causales claras y legales para que Valencia se inhabilite. “Yo no veo claro que actualmente exista una situación en que Valencia debiera inhabilitarse. Potencialmente podría estar en una situación de inhabilitación, pero creo que hoy eso no es absolutamente claro. Aunque su credibilidad sí se ha perjudicado por cómo ha entregado antecedentes”, dijo

“Que él lo haga como una especie de declaración no me parece que sea una buena fórmula, porque primero, eso no tiene mayor valor porque no habría una resolución específica. Y en el segundo lugar, porque creo que se podría seguir confundiendo este problema. Terminaría, por lo demás, dándole credibilidad a algo muy grave como lo que ha manifestado Hermosilla, cuando es la defensa la que está obligada a probarlo”, complementó.

Toda la discusión, cabe hacer presente, se ha dado en un contexto de amplio revuelo entre persecutores, dado que este jueves a las 17.30 horas, frente a su oficina en Vitacura, el abogado Juan Pablo Hermosilla entregará los nombres de los fiscales y jueces -tal y como dijo- que tienen conversaciones con su hermano.

La defensa del abogado fue quien pidió “abrir” el teléfono de su hermano, para lo que recibió una copia del equipo por parte de la Fiscalía Oriente. Después de eso, y en medio del proceso de la revisión de la medida cautelar en contra de su hermano, Juan Pablo Hermosilla anunció que después de analizar esas conversaciones entregarían el detalle de las personas que tienen contactos con su hermano.

Según explicó días después, entregaría un listado de los nombres de las personas que tienen chats con su hermano, indicando cuál fue el motivo de esa conversación. Pese a aquello, sostuvo que no entregarían detalles.

“Primero vamos a publicar los listados; primero hubo tal juez, tal fiscal, tal ministro, vamos a dar la fecha y una información genérica sobre el tema, cosa de darle la oportunidad a las personas que están allí que ellos den la primera versión en detalle sobre el tema”, afirmó en el frontis del Palacio de Tribunales. Pese a eso, el abogado advirtió: “Si ellos no dan la versión en detalle o hay algo que corregir, nosotros entregaremos el resto. Pero esa es la manera que se nos ha ocurrido”.

Es precisamente este anuncio del abogado de Hermosilla el que por estos días resuena al interior del Ministerio Público. Según fuentes de la Fiscalía, al interior del ente persecutor están “a la espera” de lo que entregue el abogado para definir qué medidas tomará. Esto, analizando caso a caso.

Entre los fiscales, por su parte, existe consciencia de que “obviamente serán mencionados”, por lo que también están esperando lo que se revele. Pese a eso, no existe coordinación entre los persecutores para abordar el tema.

En el Poder Judicial por su lado, tampoco existe una decisión sobre los pasos a seguir. De hecho, el pasado 24 de octubre, la ministra vocera de la Suprema, María Soledad Melo, afirmó que “vimos la noticia de que se iban a revelar, pero ya han revelado tanto que es probable que van a salir a lo mejor otros integrantes, tanto de la judicatura como de la Fiscalía y estaremos preparados para enfrentar lo que corresponda”.

A pesar de aquello, la entrega de nombres es algo que -según fuentes conocedoras- igualmente se ha hablado por estos días en la 52ª Convención Nacional de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, que se está realizando en Santa Cruz, Región de O’Higgins.